LEY Nº 762

 LEY DE MARTILLEROS, TASADORES Y CORREDORES.

Sanción: 03 de Diciembre de 2007.

Promulgación: 15/04/08. D.P. Nº 589.

Publicación: B.O.P. 18/04/08.

TÍTULO I

DE LOS MARTILLEROS, TASADORES Y/O CORREDORES

CAPÍTULO I

DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

Artículo 1º.- Créase el “Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, como entidad de derecho público, no estatal, con independencia funcional de los Poderes de Estado.

Prohíbese el uso de esta denominación o similar a toda asociación o entidades, de tipo pública, oficial o privada, o de otra característica similar, y que por su semejanza pueda inducir a confusiones.

Artículo 2º.- Se encuentran comprendidos en el ámbito de esta provincia y por la presente ley a todos los Martilleros, Ley nacional 20.266, que realicen operaciones de ventas en remates públicos, de cualquier clase de bienes o naturaleza, por decisión judicial, oficial o particular; todos los Corredores, Ley nacional 23.282, que ejerzan actos propios del corretaje y de la intermediación en contratos de venta, permuta, locación o similares de bienes muebles e inmuebles; ambas modificadas por Ley nacional 25.028, incluyendo también todas sus variantes y especialidades; y de todas las figuras que emergen de la Ley nacional 24.441 o de las que en el futuro la modifiquen.

Es el espíritu de esta ley la protección de la libertad y dignidad de la profesión de Martillero, Tasador y/o Corredor como Título de grado universitario, formando parte irrenunciable de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrá entenderse o malinterpretarse en un sentido que las menoscabe o restrinja.

Artículo 3º.- Para quedar habilitado a ejercer la profesión de Martillero, Tasador y/o Corredor, en el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se requiere:

a) Ser argentino nativo o argentino naturalizado, mayor de edad, no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 4º y tener una residencia permanente, ininterrumpida e inmediata dentro del ámbito provincial mayor a dos (2) años;

b) poseer Diploma de grado universitario con Título de Martillero, Tasador y/o Corredor otorgado por universidades nacionales, provinciales o privadas reconocidas por Ley nacional 24.521 y fiscalizadas por la CONAEU, conforme a la Ley nacional de Martilleros 20.266 y Ley nacional de Corredores 23.282; ambas modificadas por Ley nacional 25.028, incluyendo también todas sus variantes y especialidades; o las que sean en lo sucesivo. El mismo deberá constar con las respectivas legalizaciones y certificaciones de los Ministerios de Educación y del Interior de la Nación;

c) estar matriculado en alguno de los Colegios Departamentales creados por esta ley.

Artículo 4º.- Están inhabilitados para matricularse:

a) Quienes no pueden ejercer el comercio;

b) los fallidos, quebrados y concursados cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación;

c) los inhibidos para disponer de sus bienes;

d) los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafa y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delito contra la fe pública, hasta después de diez (10) años de cumplida la condena;

e) los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil;

f) los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad de Martilleros, Tasadores y/o Corredores por sanción disciplinaria en cualquier jurisdicción, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación;

g) quienes fueron dados de baja o excluidos del ejercicio de cualquier actividad por sanción disciplinaria en otras profesiones y/o Colegios Profesionales, en cualquier jurisdicción o circunstancia, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo establecido en las leyes de fondo respectivas, no podrán ejercer la profesión de Martillero, Tasador y/o Corredor:

a) Los que ejerzan de modo regular y permanente otra actividad, profesión o cargo, para cuyo desempeño se requiera otra colegiación u otro título habilitante en la rama del Derecho, siempre y cuando no represente una  incompatibilidad de  profesiones y que esté

relacionada con la de Martillero, Tasador y/o Corredor dentro del ámbito del Poder Judicial, debiendo optar por una sola colegiación;

b) los Magistrados, Funcionarios y empleados de cualquier categoría de la Administración de Justicia Nacional, Provincial o Municipal;

c) los funcionarios públicos que ejerzan cargos políticos de cualquier categoría de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal; en entidades oficiales, en empresas o entes estatales nacionales, provinciales o municipales, sean ellos gubernamentales, autárquicos, descentralizados, mixtos y/o entidades financieras públicas o privadas, radicadas en el ámbito del territorio de la Provincia. Salvo lo que dispongan las leyes especiales;

d) los excluidos definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria en otros Colegios Profesionales de Martilleros de otras jurisdicciones;

e) los eclesiásticos que vistan el traje clerical y/o tengan voto de pobreza, los miembros de las fuerzas armadas y/o de seguridad en actividad;

f) los jubilados y/o pensionados de cualquier profesión y de cualquier jurisdicción.

Estas incompatibilidades perduran hasta tanto no se solicite la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro de la matrícula profesional, o no se produzca la separación del cargo o función, o no desaparezca la condición que crea la incompatibilidad.

Artículo 6º.- Toda persona que con o sin poseer título habilitante en las condiciones prescriptas por la presente ley ejerzan, habiéndosele o no cancelado la matrícula como consecuencia de sanciones disciplinarias por este u otro Consejo Profesional, así como las personas que ofrezcan los servicios inherentes a tales profesiones que incumben a esta ley, sin poseer título y matrícula habilitante para ello, sufrirán las penas establecidas en los artículos 172 al 175 del Código Penal, considerándolos defraudadores de la fe pública y usurpadores de títulos y honores, sin perjuicio de las penalidades y sanciones que otras leyes puedan establecer. Los que indebidamente se arroguen cualesquiera de los títulos profesionales reglamentadas por esta ley serán pasibles de las sanciones previstas en los artículos 247, 292 y similares del Código Penal. Las personas que ejerzan alguna actividad de las profesiones comprendidas en la presente ley sin la inscripción en la matrícula del respectivo Colegio Profesional serán penadas con multas  equivalentes de cien (100) a mil (1000) veces el importe del derecho anual por el ejercicio profesional vigente a la fecha de aplicación de la sanción.

a) Se considera como uso de Título:

Toda invocación o manifestación, oral o escrita, en idioma nacional o extranjero, que permita inferir, referir o atribuir a una o más personas la capacidad o el propósito del ejercicio de la profesión en el ámbito y el nivel que son propios de dicho título, ya sean explícitos o implícitos, en particular:

1) El empleo de leyendas, dibujos, insignias, placas, tarjetas, avisos, carteles, referencias, nombres, iniciales, siglas, monogramas, membretes, escudos, emblemas, publicidad o publicaciones de cualquier naturaleza o especie;

2) la emisión, reproducción o difusión de las palabras administrador, agente, asesor, auditor, consultor, licenciado, tasador, balanceador, consignatario, rematador, martillero, corredor público, corredor inmobiliario, o similares, con referencia a cualquiera de los ámbitos de las profesiones reglamentadas por esta ley; y

3) el empleo de los términos oficina, estudio, asociación, sociedad, agencia, gestoría, consultor, organización, inmobiliaria, bienes raíces u otros similares.

b) A mero título enunciativo se considerará ejercicio ilegal de la profesión:

1) El que con o sin tener título habilitante y no estar matriculado, evacue consultas, realice trámites o trabajos, o que de cualquier manera efectúe hechos o actos autorizados por esta ley exclusivamente para los que posean diploma universitario habilitante de Martillero, Tasador y/o Corredor y se encuentren debidamente matriculados, aun aquellos matriculados en cualquier jurisdicción con anterioridad a la sanción de la Ley nacional 25.028 y de la presente ley;

2) el que de cualquier modo, sea explícito o implícito, facilite el ejercicio ilegal de las actividades mencionadas en el inciso anterior;

3) el que anuncie o haga anunciar actividades de las referidas en los incisos anteriores, conteniendo informaciones inexactas, capciosas o ambiguas o que de cualquier modo, sean explícitas o implícitas, induzcan a error sobre la calidad profesional;

4) el que anuncie o haga anunciar actividades profesionales de Martillero, Tasador y/o Corredor sin mencionar en forma ostensible y clara el nombre completo, título y matrícula del o de los anunciantes;

5) el que anuncie o actúe como agente fiduciario, de acuerdo a la Ley nacional 24.441, deberá estar encuadrado dentro de la presente ley;

6) toda persona que, sin estar matriculada, haya sido inhabilitada o suspendida de la misma, carece de todo derecho a exigir el pago de toda retribución u honorario de su comitente.

CAPÍTULO II

DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MATRÍCULAS

Artículo 7º.- Para ejercer la profesión de Martillero, Tasador y/o Corredor, el interesado deberá presentar su solicitud de inscripción al Colegio Departamental del que vaya a formar parte, llenando los requisitos exigidos por esta ley y su Reglamento interno.

La inscripción en cualquiera de los Colegios Departamentales habilita para el ejercicio de la profesión en la totalidad del territorio provincial sin más trámite.

Para la inscripción se exigirá:

a) Acreditar identidad personal;

b) para ejercer la profesión de Martillero, Tasador y/o Corredor, deberá presentar título habilitante otorgado de conformidad con lo establecido en la Ley nacional 25.028 de Martilleros, Tasadores y/o Corredores;

c) manifestar bajo juramento no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la legislación de fondo y local aplicables;

d) denunciar su domicilio real y permanente y constituir domicilio legal en la jurisdicción departamental en la que se desarrollen las actividades profesionales, el que servirá a los efectos de sus relaciones con sus comitentes, la Justicia y el Colegio Profesional.

Los Martilleros, Tasadores y/o Corredores no podrán estar inscriptos en más de un Colegio Departamental.

En todos los casos prevalecerá como domicilio legal el de la oficina del colegiado, mientras que si tuviere varias prevalecerá el de la oficina donde tenga al mismo tiempo su lugar de residencia habitual, nombrando en las demás otro profesional en calidad de “Representante Técnico” de la misma;

e) presentar declaración jurada de manifestación de bienes certificada por Contador Público y Colegio de Ciencias Económicas y de que no se encuentra inhibido para disponer de ellos;

f) acreditar buena conducta y concepto público.

Este requisito y el de domicilio se justificarán en la forma que determine el Reglamento;

g) acreditar idoneidad de conformidad a lo establecido en la legislación nacional vigente en la materia;

h) constituir a la orden del Colegio Profesional una fianza personal, real o de seguro de caución, equivalente a veinte (20) sueldos mínimos del Escalafón Técnico de la Administración Pública Provincial, que se renovará anualmente junto con la matrícula.

La fianza será válida en todo el territorio provincial con sólo acreditar su constitución mediante comprobante o certificado expedido por el Colegio Departamental que corresponda. Podrá constituirse mediante depósito de bonos o títulos de la renta pública nacional o provincial.

Las garantías prendarias y/o hipotecarias sobre bienes registrales, serán en el modo previsto por las leyes generales, con los gastos a cargo del matriculado.

Esta fianza garantizará exclusivamente el pago de los daños emergentes de los hechos culpables o dolosos de los Martilleros, Tasadores y/o Corredores inscriptos en la matrícula respectiva, sean ellos judiciales, oficiales o particulares; el pago del importe anual de matriculación, derechos administrativos y/o de las multas que le sean impuestas por los Tribunales o los Colegios y/o la devolución de las sumas que hayan retenido en cualquier concepto y estén obligados a restituir.

La fianza o caución se entenderá otorgada permanentemente por la suma preestablecida, sin que disminuya en ningún caso el monto de la responsabilidad de los fiadores. En caso de efectivizarse la garantía, el interesado deberá proceder a su reposición dentro de los treinta (30) días, en caso contrario quedará suspendido automáticamente en la matrícula.

Si la fianza no se renovara a su vencimiento anual, quedará automáticamente excluido del ejercicio profesional, no obstante lo cual la caución subsistirá hasta seis meses después;

i) cuando un profesional posea más de un título habilitante reglado por esta ley, podrá solicitar su inscripción en cada una de las matrículas correspondientes a la profesión que desee ejercer, pagando sólo un derecho de ejercicio profesional;

j) una vez aceptada la inscripción en la matrícula, subsiste mientras el matriculado abone en término y hasta tanto no solicite por escrito su decisión de suspender o dar de baja la misma. Se procederá a su cancelación de oficio en caso de fallecimiento, disposición legal o sanción aplicada por sentencia firme del Tribunal de Disciplina. La renuncia a la matrícula no impedirá el juzgamiento del imputado ante el Tribunal de Disciplina por hechos anteriores, guardando para ello la fianza hasta seis (6) meses después de la renuncia;

k) todo profesional que solicite el pase de jurisdicción será en un todo de acuerdo a lo dispuesto por las leyes nacionales y la presente ley;

l) los profesionales tendrán la obligación de conservar los expedientes, copias de informes, dictámenes, papeles de trabajo, notificaciones y demás comprobantes o elementos probatorios de su actuación profesional durante el plazo legal mínimo establecido de diez (10) años; dicha documentación únicamente podrá ser exigida judicialmente por juicios que se promuevan en contra del profesional o presentarlos como medio de prueba en juicios de terceros donde se vea involucrada su intervención;

m) todo matriculado deberá actuar con un cabal concepto de lealtad hacia la Patria, cumpliendo con las Constituciones Nacional y Provincial, la Carta Orgánica Municipal, las leyes y disposiciones vigentes; deberá honrar con su ejemplo el ejercicio ético de las profesiones de Martillero, Tasador y/o Corredor, afirmando las normas de espectabilidad, fe pública y decoro propias de una carrera universitaria, estimulando la discreción, la solidaridad y el bienestar entre sus miembros y ante la comunidad;

n) todo profesional inscripto podrá solicitar la suspensión voluntaria de su matrícula, por el término de hasta tres (3) años, conservando todos sus derechos y obligaciones;

ñ) es deber de todo matriculado cumplir con las normas de protección y defensa del consumidor regladas por Ley nacional 24.240 y sus futuras modificaciones en lo atinente al desempeño de su profesión, en virtud de que nuestra provincia manifestó su adhesión a la misma mediante Ley provincial 271.

Artículo 8º.- Con la  solicitud de inscripción en el Registro de Matrículas se formará expediente.

El Colegio Departamental que reciba la petición la pondrá en conocimiento del público y de los colegiados, por medio de edictos que se publicarán en un diario de la ciudad cabecera del Departamento Judicial y en el Boletín Oficial por el tiempo y modo que determine el Reglamento, a costa del solicitante.

Cualquier persona podrá oponerse a la inscripción probando que el recurrente no se encuentra en las condiciones exigidas por la ley para ejercer la profesión.

El Colegio Departamental verificará si el peticionante reúne las condiciones requeridas y elevará al Consejo Superior quien se expedirá en el transcurso de treinta (30) días, no obstante lo cual dentro de los primeros quince (15) días a contar desde la última publicación de edictos deberán producirse las impugnaciones o tachas.

Decretada la inscripción, el profesional prestará juramento ante el Presidente del Consejo Superior, de cumplir fielmente con sus deberes, obligaciones y el Código de Ética, que le están impuestos por la normativa vigente, quedando habilitado para ejercer su profesión.

El Consejo Superior deberá expedir a favor del inscripto un testimonio o certificado que lo acredite como inscripto habilitante, en el que constará su identidad, documento, jurisdicción, entidad emisora del título, tomo y folio, o número de inscripción, comunicando el alta respectiva al Colegio Departamental correspondiente y a la Caja Mutual y de Previsión Social para Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, respectivamente. Este certificado deberá estar visible al público en la oficina donde el matriculado declare su domicilio comercial y ejerza su oficio.

Queda prohibida toda publicidad y/o propaganda relativa al ejercicio de las profesiones de Martillero, Tasador y/o Corredor sin que él o los profesionales que la realicen, y con claridad, indiquen su nombre y apellido, jurisdicción, tomo y folio o número de inscripción en el Registro de Matrículas, al comienzo y al pie de la firma o contiguo a ella y que no traigan indicación precisa del carácter con que actúan.

Los jueces y Tribunales no proveerán los escritos a profesionales que no consignen en escritura a máquina o impresos con sello, sus nombres, apellidos, jurisdicción, tomo y folio o número de inscripción en el Registro de Matrículas a su comienzo y al pie de la firma o contiguos a ella y que no traigan indicación precisa del carácter con que actúan.

Artículo 9º.- Podrá denegarse la inscripción cuando el solicitante no haya dado cumplimiento a las exigencias requeridas por el artículo 7º, además de las inhabilidades e incompatibilidades prescriptas por los artículos 4º y 5º de la presente y de las leyes de fondo.

La decisión denegatoria será apelable, dentro de los diez (10) días de notificada, por recurso que se interpondrá directamente ante el Consejo Superior del Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia.

A su vez, del pronunciamiento de este último órgano, podrá recurrirse dentro de igual término por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial de la Departamental que corresponda la que resolverá la cuestión, previo los informes que solicitará al Consejo Superior.

El Martillero, Tasador y/o Corredor cuya inscripción fuera rechazada podrá presentar una nueva solicitud probando ante el Colegio Profesional haber desaparecido las causales que fundaron la denegatoria. Si a pesar de ello y cumplidos los trámites, fuera nuevamente rechazada, no podrá presentarse nueva solicitud en ninguna departamental, sino con el intervalo de un (1) año.

Artículo 10.- Corresponde a los Colegios Departamentales de Martilleros, Tasadores y/o Corredores atender administrativamente, conservar y depurar el Registro de Matrículas de sus colegiados en ejercicio, dentro de su Departamental, debiendo comunicar cualquier modificación que sufran los mencionados Registros al Consejo Superior del Colegio Profesional y a la Caja Mutual y de Previsión Social para Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia.

Artículo 11.- El Consejo Superior del Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia confeccionará la clasificación unificada de los profesionales inscriptos en los Registros de Matrículas de las distintas departamentales, el cual será coincidente con el padrón provincial.

Artículo 12.- De cada Martillero, Tasador y/o Corredor se llevará un legajo personal, donde se anotarán sus datos de filiación, títulos profesionales, currículo, empleos o funciones que desempeñen, domicilio y sus traslados y todo cuanto pueda provocar una alteración en los registros pertinentes de la matrícula, así como las sanciones impuestas y méritos acreditados en el ejercicio de su actividad. Dichos legajos serán de carácter público.

Artículo 13.- Los Martilleros, Tasadores y/o Corredores, para ejercer, deberán tener oficina totalmente independiente de otro destino que pudiera tener el local respectivo, no pudiendo compartir dentro de la misma con otras actividades o profesiones, a fin de asegurar la buena prestación del servicio e individualización del matriculado, el secreto profesional y garantizar la suficiente seguridad para la guarda y conservación de documentos, bienes, efectos y valores que se le den para su custodia y bajo su responsabilidad.

Esta oficina deberá estar legalmente constituida y declarada como tal, con el nombre del profesional bien definido y en calidad de “Representante Técnico” de la misma, la que estará dedicada exclusivamente al servicio de los fines profesionales, quedando vedado a partir de la presente ley el ejercicio profesional bajo el uso de nombres de fantasía, salvo las sociedades autorizadas por la Ley 20.266.

Todo cambio de oficina así como el cese o reanudación de las actividades profesionales, deberá ser comunicado al Colegio Profesional pertinente dentro del término de quince (15) días. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo respecto de los colegiados dará lugar a sanción disciplinaria.

TÍTULO II

DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE MARTILLEROS, TASADORES Y/O CORREDORES

CAPÍTULO I

COMPETENCIA - PERSONERÍA

Artículo 14.- El Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tendrá un Consejo Superior y estará organizado en forma departamental; en función de ello en cada Departamento Judicial de la Provincia, funcionará un Colegio Departamental de Martilleros, Tasadores y/o Corredores a los fines del cumplimiento de la presente ley.

El Colegio Profesional tendrá el carácter de personas jurídicas de derecho público, no estatal, con independencia funcional de los poderes del Estado, para el mejor cumplimiento de sus fines.

Artículo 15.- Cada Colegio Departamental tendrá su asiento en la ciudad cabecera donde funcione el Departamento Judicial a cuya jurisdicción corresponda y se designará con el aditamento de éste. Cuando se forme un nuevo Departamento Judicial, provisoriamente tendrá injerencia el Colegio Departamental anterior que en él existía, hasta tanto se forme el nuevo Colegio Departamental correspondiente.

Artículo 16.- Cuando un Martillero, Tasador y/o Corredor ejerza en más de un Departamento Judicial dentro del ámbito de la Provincia, pertenecerá al Colegio Departamental que determine el artículo 7º d), pero en todos los casos los actos profesionales que ejecute en otro departamento serán juzgados por el Colegio Profesional donde se encuentre inscripto, al cual se remitirá la documentación correspondiente; una vez concluido el trámite o expediente, se notificará con copia del dictamen al Colegio Profesional donde se originó el hecho.

CAPÍTULO II

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COLEGIO PROFESIONAL

Artículo 17.- Objeto, funciones y atribuciones de:

I) El Consejo Superior:

Objeto: El Consejo Superior es en sí mismo el Órgano Directivo de decisiones colegiadas, por ello no dispone de estructura administrativa.

Función: El Consejo Superior funcionará como elemento integrador de los distintos Colegios Departamentales, unificando y estableciendo criterios como elemento rector del Colegio Profesional; también representará al Colegio Profesional ante los poderes del Estado, actos públicos y ante la sociedad en su conjunto.

Atribuciones:

1. Llevar el Registro Único Provincial de la Matrícula y ejercer su gobierno;

2. decidir todo lo referente a las inscripciones de las matrículas en los respectivos registros, conforme a esta ley y su reglamentación;

3. velar por el cumplimiento de esta ley, su reglamentación y las resoluciones que dicte este Consejo Superior de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y resolver en última instancia las cuestiones que se susciten en torno a su inteligencia, interpretación y aplicación;

4. ejercer la  potestad  disciplinaria sobre  todos los colegiados con las limitaciones de esta ley;

5.- resolver en grado de apelación las cuestiones que, siendo de su competencia, le sean requeridas por los colegiados;

6. defender los derechos e intereses profesionales legítimos, el honor y la dignidad de los matriculados, velando por el decoro, prestigio e independencia de la profesión. De ser necesario, ser parte en juicio en todo lo relativo a la defensa de los derechos e intereses del Colegio Profesional, de los Colegios Departamentales, de la presente ley y su reglamentación, a cuyo efecto podrán otorgar poderes;

7. recibir el juramento solemne al profesional, otorgar un testimonio o certificado que lo acredite como inscripto habilitante, a sus integrantes y a los inscriptos en el Registro Único de Matrículas, estableciéndose que dicha jura podrá ser efectivizada al menos en cuatro (4) oportunidades en el año, conforme al calendario que se establezca para cada Colegio Departamental;

8. será facultad de este Consejo Superior expedir el certificado de no inhibición profesional, renovable anualmente junto a la matrícula, como requisito básico fundamental y previo al otorgamiento por parte de los Municipios para que puedan otorgar la respectiva habilitación comercial sobre comercios en bienes raíces, inmobiliarios y/o similares contemplados en la presente ley; la ausencia de este certificado hará caducar la habilitación comercial automáticamente;

9. tener mínimamente una reunión cada tres (3) meses bajo acta;

10. colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que los poderes públicos les encomienden, que se refieran a las profesiones de Martilleros, Tasadores y/o Corredores. Podrán asesorar u opinar en la preparación de planes de estudio y programas de enseñanza de las universidades, oficiales o privadas, donde se forman las profesiones de Martilleros, Tasadores y/o Corredores;

11. están facultados para estudiar y emitir opinión fundada en asuntos de interés público y/o profesional;

12. fundar, crear o fomentar y sostener una biblioteca pública con preferente carácter de especialización y publicar o contribuir a la publicación de un órgano de difusión que refleje la información y la actividad profesional;

13. mantener relaciones con entidades similares y estimular la unión y armonía entre colegiados, fomentando el espíritu de solidaridad y asistencia recíproca entre los miembros de la profesión;

14. formar parte, mediante representantes, de organismos permanentes o transitorios de carácter provincial, regional, nacional o internacional, que agrupen a profesionales reglados por esta ley o a participar por medio de delegaciones, en reuniones, conferencias, congresos, federaciones, consejos y/o colegios siempre que conserven su autonomía de gobierno;

15. redactar su Reglamento interno y establecer las misiones y funciones de sus miembros; proponer y consensuar con los Colegios Departamentales, las reglamentaciones y/o sus modificaciones que entiendan útiles para el mejor funcionamiento de los Colegios. Redactar y editar un Manual de Ejercicio Profesional o Código de Ética Profesional, que contendrá las principales disposiciones legales atinentes al ejercicio de la profesión y los principios de la ética;

16. promover la creación de la Caja Mutual y de Previsión Social para Martilleros, Tasadores y/o Corredores, o adherirse para ello a sistemas de instituciones existentes o a crearse con el mismo objetivo. Colaborar y contribuir al mejor funcionamiento de la misma;

17. posibilitar la prestación de servicios sociales, asistenciales, previsionales, de asesoría u otros, necesarios para facilitar la actividad profesional de los matriculados;

18. recabar al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial Provincial y coordinar con el mismo la adopción de medidas que faciliten la labor de los matriculados cuando actúen como auxiliares de Justicia;

19. tomar conocimiento de toda acción legal, amparo, juicio o sumario promovido contra un matriculado a efectos de determinar sus antecedentes y responsabilidades;

20. combatir el ejercicio ilegal de las profesiones regladas por esta ley, acusar y querellar jurídicamente, actuar en juicio y en defensa de los principios que inspiran y protegen esta ley;

21. ejercer la representación técnica, moral y gremial de los profesionales matriculados y defender el prestigio privado y público de los profesionales amparados por esta ley, tomando las disposiciones necesarias para asegurarles el legítimo desempeño de su profesión;

22. promover y participar en Conferencias o Congresos vinculados con la actividad profesional por medio de delegados. Propender al progreso y mejoramiento de la legislación relacionada con las profesiones de Martillero, Tasador y/o Corredor y a su mejor capacitación profesional;

23. ejercer todas las otras funciones que tiendan a jerarquizar, estimular, difundir y defender la profesión y amparar su dignidad, evitando que sea vulnerada tanto en lo colectivo como en lo individual arbitrando, en su caso, las acciones pertinentes para hacer efectiva la protección de las profesiones regladas por esta ley y de sus matriculados;

24. dictaminar sobre honorarios profesionales cuando así lo solicite una entidad pública o privada y realizar arbitrajes en las cuestiones que, sobre el particular, se susciten entre matriculados o entre el profesional y el comitente que haya requerido sus servicios;

25. fijar el monto de los derechos de inscripción en la matrícula, del ejercicio profesional, de certificaciones y legalizaciones, u otros servicios o derechos y otros adicionales, creados o a crearse;

26. recibir o entregar el pase de jurisdicción del profesional que lo solicite; será en un todo de acuerdo a lo dispuesto por las leyes nacionales y en la presente ley;

27. el Colegio Profesional, el Consejo Superior y los Colegios Departamentales se abstendrán de intervenir en cuestiones políticas, raciales, religiosas o ajenas a sus fines específicos, ni prestarse a ningún acto discriminatorio de ninguna naturaleza.

Las enunciaciones del presente artículo no son limitativas, pudiendo el Consejo Superior, dentro de sus atribuciones y fines, desempeñar todas las funciones que estimen necesarias para el mejor logro de los objetivos de su gestión, de los matriculados y del mejor beneficio del Colegio Profesional, tanto en lo individual como en lo colectivo.

II) Los Colegios Departamentales:

Objeto: Los Colegios Departamentales son en sí mismos el Órgano Ejecutivo y Administrativo de las decisiones colegiadas del Consejo Superior; para ello dispone de estructura administrativa.

Función: Los Colegios Departamentales funcionarán como elemento administrador de los matriculados, ejecutando las directivas emanadas del Consejo Superior del Colegio Profesional.

Atribuciones:

1. Llevar administrativamente el Registro Departamental de la Matrícula y ejercer su gobierno;

2. elevar para su aprobación al Consejo Superior todo lo referente a las inscripciones de las matrículas, conforme a esta ley y su reglamentación;

3. ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los colegiados de su departamento con las limitaciones de esta ley;

4. velar por el cumplimiento de esta ley, su reglamentación y las resoluciones que dicte el Consejo Superior del Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;

5. tener mínimamente una reunión mensual bajo acta;

6. convocar las Asambleas, redactar el Orden del Día y hacer cumplir sus resoluciones;

7. designar y/o remover el personal empleado, contratado y/o pasantes y demás facultades que sean conducentes al logro de los fines de esta ley;

8. administrar la cuota de inscripción, cuotas anuales y honorarios que esta ley crea para el sostenimiento de los Colegios y que abonarán todos los Martilleros, Tasadores y/o Corredores aunque ejerzan en el Departamento Judicial, así como todo fondo, contribuciones y multas;

9. fijar el presupuesto anual de ingresos y gastos departamentales, de cuya aplicación se rendirá cuenta ante la Asamblea;

10. recaudar y administrar todos los bienes y/o recursos que por todo concepto ingresen al patrimonio del Colegio Profesional. Adquirir, administrar y enajenar bienes de cualquier naturaleza, contraer obligaciones, aceptar donaciones, legados o herencias y administrar el patrimonio social, pudiendo disponer de sus bienes con previo consentimiento de la Asamblea. Realizar todo otro acto jurídico que no le esté expresamente prohibido y toda gestión de orden económico-patrimonial ad-referéndum de la Asamblea cuando corresponda;

11. crear protocolos generales de certificaciones y habilitar libros de dictámenes, visar, certificar, legalizar y autenticar trabajos y rúbricas de los profesionales matriculados sin cuyos requisitos no se perfecciona la labor profesional. Llevar el Registro de Firma y Sello de cada matriculado;

12. todo acto, oficio, informe, certificación, dictamen, tasación, contrato de locación, comodato o boleto de compra-venta, documento emitido o donde intervenga el matriculado, requerirá la inclusión de la plena identificación del profesional como parte en la documentación y la previa intervención del Colegio Profesional, a los efectos de la certificación de la firma del profesional y del visado del cumplimiento de las normas vigentes referidas al ejercicio de la profesión, cuando lo dispongan los reglamentos, las normas vigentes o a solicitud del profesional, llevando registro de toda intervención;

13. designar a la o las personas que el Consejo faculte mediante resolución especial, para autenticar y legalizar las firmas de los profesionales habilitados;

14. ser depositario del fondo de garantía o seguro de caución, para el ejercicio profesional especificados en el artículo 7º inciso h); cuando las necesidades funcionales así lo requieran o de ser conveniente, podrá promover y contratar una póliza de seguro de caución corporativa;

15. confeccionar la lista única de Martilleros, Tasadores y/o Corredores para las designaciones de oficio y elevarla al organismo judicial correspondiente. Recabar y coordinar con el Poder Judicial la adopción de medidas que faciliten la labor de los matriculados cuando actúen como auxiliares de Justicia;

16. proponer al Consejo Superior de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia, los proyectos de reglamentación que entiendan útiles para el mejor funcionamiento de los Colegios;

17. elevar al Consejo Superior propuestas para el progreso y mejoramiento de la legislación relacionada con las profesiones de Martillero, Tasador y/o Corredor y a su mejor capacitación profesional;

18. intervenir a solicitud de partes en los conflictos o desavenencias que ocurran entre colegas o entre los matriculados y sus clientes, cuando corresponda por esta ley o con motivo de la restitución de toda documentación pertinente, sin perjuicio de la intervención que corresponda a los órganos jurisdiccionales;

19. elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas previstas en esta ley y/o violaciones al Reglamento cometidas por los colegiados a los efectos de las sanciones correspondientes;

20. ser parte en juicio en todo lo relativo a la defensa de los intereses de los Colegios Departamentales, de la presente ley y su reglamentación, a cuyo efecto podrán otorgar poderes;

21. tomar conocimiento de toda acción legal, amparo, juicio o sumario promovido contra un matriculado a efectos de determinar sus antecedentes y responsabilidades;

22. fundar y sostener una biblioteca pública con preferente carácter de especialización y publicar o contribuir a la publicación de un órgano de difusión que refleje la actividad profesional;

23. están facultados para estudiar y emitir opinión fundada en asuntos de interés público y/o profesional;

24. colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que los poderes públicos les encomienden, que se refieran a las profesiones de Martilleros, Tasadores y/o Corredores. Podrán asesorar u opinar en la preparación de planes de estudio y programas de enseñanza de las universidades, oficiales o privadas, donde se forman las profesiones de Martilleros, Tasadores y/o Corredores;

25. mantener relaciones con entidades similares y estimular la unión y armonía entre colegiados, fomentando el espíritu de solidaridad y asistencia recíproca entre los miembros de la profesión;

26. formar parte, mediante representantes, de organismos permanentes o transitorios de carácter provincial, regional, nacional o internacional, que agrupen a profesionales reglados por esta ley o a participar por medio de delegaciones, en reuniones, conferencias, congresos, federaciones, consejos y/o colegios siempre que conserven su autonomía de gobierno;

27. requerir y recibir en caso de muerte o cancelación de la inscripción en el Registro de Matrículas de Martilleros, Tasadores y/o Corredores, los libros que por ley corresponde llevar a éstos;

28. controlar si los Martilleros, Tasadores y/o Corredores llevan sus libros de legal forma. A tal fin se creará un cuerpo de inspectores que deberá inspeccionar las oficinas respectivas, por lo menos una (1) vez al año, rindiendo un informe detallado al Consejo, el que en su caso deberá efectuar la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Disciplina. Asimismo, corresponde al Consejo realizar todos aquellos actos que se determinan en este artículo, que no sean de competencia de otro de los organismos que se crean por esta ley;

29. el ejercicio de las profesiones reguladas por la presente ley, en cuanto la labor profesional esté destinada a hacer fe pública hacia terceros, queda sujeto al requisito de que el profesional sea independiente respecto de la o las partes involucradas en el trabajo a desarrollar. El alcance de la independencia de criterios en lo que se refiere a las actuaciones en la materia, será fijado por las normas éticas del ejercicio profesional;

30. cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión; cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de su reglamento;

31. combatir el ejercicio ilegal de las profesiones regladas por esta ley, acusar y querellar jurídicamente, actuar en juicio y en defensa de los principios que inspiran y protegen esta ley;

32. ejercer la representación técnica, moral y gremial de los profesionales matriculados y defender el prestigio privado y público de los profesionales amparados por esta ley;

33. ejercer todas las otras funciones que tiendan a jerarquizar, estimular, difundir y defender la profesión y amparar su dignidad, evitando que sea vulnerada tanto en lo colectivo como en lo individual, arbitrando, en su caso, las acciones pertinentes para hacer efectiva la protección de las profesiones regladas por esta ley y de sus matriculados;

34. dictaminar sobre honorarios profesionales cuando así lo solicite una entidad pública o privada y realizar arbitrajes en las cuestiones que, sobre el particular, se susciten entre matriculados o entre el profesional y el comitente que haya requerido sus servicios;

35. percibir los honorarios de los profesionales matriculados para su posterior reintegro en la forma y condiciones que se establezcan, en caso de corresponder;

36. tendrá la facultad de requerir todos los pedidos de informes pertinentes tanto a la universidad que expidió el título académico, como asimismo a los Colegios Profesionales donde haya tenido matrícula, y a los registros públicos pertinentes a los fines de corroborar la autenticidad de la documentación presentada por el peticionante. También tendrá la facultad de requerir a la Secretaría de Superintendencia de Seguridad Nacional, Federal y/o Provincial, informe sobre los antecedentes del peticionante en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal, a los fines del cumplimiento de los recaudos de la presente ley;

37. ejercer el poder de policía sobre toda empresa y/o comercio, habilitado o por habilitarse, en el ramo inmobiliario, bienes raíces o similares reglados por la presente ley y su reglamento, teniendo autoridad para exigir la caducidad de la habilitación comercial y la clausura inmediata de todo aquél que no cumpla lo normado en la presente ley;

38. bajo pedido en concreto, comunicar a los Consejos o Colegios de Martilleros, Tasadores y/o Corredores y a las asociaciones y federaciones del país, las sanciones aplicadas conforme a la presente ley, sean matriculados o no;

39. los Colegios Departamentales se abstendrán de intervenir en cuestiones políticas, raciales, religiosas o ajenas a sus fines específicos, ni prestarse a ningún acto discriminatorio de ninguna naturaleza;

40. en adhesión a las leyes nacionales, provinciales y/o municipales, se establece la prohibición de fumar, el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de sustancias tóxicas prohibidas o drogas, quedando vedado en todo el Colegio y/o cualquiera de sus dependencias.

Las enunciaciones del presente artículo no son limitativas, pudiendo el Consejo Directivo, dentro de sus atribuciones y fines, desempeñar todas las funciones que estimen necesarias para el mejor logro de los objetivos de su gestión, de los matriculados y del mejor beneficio del Colegio, tanto en lo individual como en lo colectivo.

CAPÍTULO III

DE LOS PODERES DISCIPLINARIOS

Artículo 18.- Es obligación de los Colegios Departamentales fiscalizar el correcto ejercicio de las profesiones de Martillero, Tasador y/o Corredor, a cuyo efecto se les confiere poder disciplinario, que ejercitarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas de orden individual y de las medidas que puedan aplicar los Magistrados Judiciales.

Artículo 19.- El Tribunal de Disciplina, dentro de la esfera colegiada, aplicará en forma exclusiva las sanciones disciplinarias a que se hagan pasibles los colegiados.

Son causas de sanción:

a) Pérdida de la ciudadanía;

b) condena criminal, en los casos del artículo 2º del Capítulo II (Inhabilidades) de la Ley 20.266 y los inhabilitados o excluidos según el artículo 4º de esta ley;

c) incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 64 o la violación de las prohibiciones del artículo 68, así como lo establecido en la legislación nacional vigente en la materia;

d) adquirir para sí o para persona de su familia con grado de parentesco inmediato las cosas cuya venta le hayan sido encargadas;

e) retención indebida de fondos o efectos pertenecientes a sus comitentes;

f) infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto sobre honorarios profesionales fijados por esta ley;

g) violación a las normas de la Ley de la Caja Mutual y de Previsión Social para Martilleros, Tasadores y/o Corredores o de la que se adhiera para el mismo fin;

h) violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los artículos 4º y 5º;

i) violación de las normas contenidas en el Código de Ética Profesional;

j) abandono de gestión encomendada en perjuicio de terceros, por cambios de domicilio legal o traslado de oficina sin dar aviso al Colegio Departamental;

k) no llevar libros en la forma prescripta por el Código de Comercio, esta ley y su reglamento;

l) inasistencia a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en el curso de un (1) año sin causa justificada al Consejo Directivo, al Tribunal de Disciplina y/o a la Comisión Revisora de Cuentas;

ll) violación a las normas de publicidad que contempla esta ley y su reglamentación;

m) contravención a las disposiciones de esta ley, su reglamento y resoluciones dictadas por el Consejo Directivo o Consejo Superior;

n) violación del secreto profesional sobre los actos en que intervenga.

Las enunciaciones del presente artículo no son limitativas, pudiendo el Tribunal de Disciplina, dentro de sus atribuciones y fines, desempeñar todas las funciones que estime necesarias para el mejor logro de los objetivos de su gestión, de los matriculados y del mejor beneficio del Colegio Profesional, tanto en lo individual como en lo colectivo. Las situaciones no previstas en las presentes normas se suplirán por las disposiciones de la ley de Procedimiento Administrativo, el Código Penal y del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia.

Artículo 20.- Sin perjuicio de las medidas disciplinarias el Martillero, Tasador y/o Corredor sancionado, podrá ser inhabilitado para desempeñar cargos en los organismos que crea esta ley, hasta un máximo de cinco (5) años.

Artículo 21.- Las sanciones disciplinarias que pueden aplicarse a los colegiados son:

a) Amonestación escrita;

b) multa de hasta veinte (20) sueldos mínimos de los empleados pertenecientes al Escalafón Técnico de la Administración Pública Provincial;

c) suspensión del ejercicio de la profesión de hasta cinco (5) años;

d) cancelación de la inscripción en el Registro de Matrícula.

Artículo 22.- Las sanciones previstas en el artículo anterior, incisos a) y b) se aplicarán por el Tribunal de Disciplina con el voto de la mayoría simple de los miembros que lo componen, y las previstas en los incisos c) y d) por las cuatro quintas (4/5) partes de los miembros del Tribunal.

En todos los casos, la sanción será apelable ante el Consejo Superior del Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dentro de los diez (10) días de su notificación, ante el órgano que haya dictado la resolución.

El Tribunal de Disciplina correspondiente deberá elevar las actuaciones dentro del término de cinco (5) días posteriores a la interposición del recurso.

De la resolución del Consejo Superior, en los casos de los incisos c) y d), podrá recurrirse ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial correspondiente, dentro de los diez (10) días de su notificación, la que resolverá previo informe documentado del Consejo Directivo Departamental y del Tribunal de Disciplina correspondiente.

Artículo 23.- La sanción del artículo 21 inciso d) sólo podrá ser resuelta:

a) Por haber sido sancionado el profesional inculpado, en tres (3) oportunidades, por las causales previstas en los incisos a), b) o c), del artículo 21;

b) por haber sido condenado por delito doloso, defraudación, estafa o contra la fe pública.

Artículo 24.- La acción disciplinaria puede iniciarse por denuncia del agraviado, de los colegiados, por el Consejo Directivo, por simple comunicación de los magistrados, por denuncia de reparticiones administrativas o de oficio por conocimiento público.

Para el caso de denuncias de particulares y/o colegiados, previo a todo otro trámite, deberá requerirse la ratificación de la denuncia por escrito, dando inicio al expediente con carácter de reservado.

El Consejo Directivo requerirá explicaciones al denunciado y decidirá mediante resolución fundada, por escrito, si existe o no razón para la formación de causa disciplinaria.

Si se resuelve la formulación de causa disciplinaria, el expediente se transforma en sumario interno y pasarán las actuaciones al Tribunal de Disciplina, el que dará conocimiento de las mismas a las partes, emplazándolas para que presenten pruebas y defensas dentro de los quince (15) días hábiles.

Producida aquélla, el Tribunal de Disciplina resolverá sin más trámite, dentro del plazo que determine la reglamentación, comunicando su resolución al Consejo Directivo para su cumplimiento y anotación en el legajo personal del colegiado.

Toda resolución del Tribunal de Disciplina será siempre fundada por escrito con carácter público.

Artículo 25.- El Tribunal de Disciplina es competente también para suspender preventivamente al colegiado que se encuentre bajo proceso en causa en que se le impute la comisión de un delito contra la propiedad, contra la administración o contra la fe pública.

Toda vez que se suscite una acción legal, amparo, juicio o sumario promovido contra un matriculado, sea de tipo civil, comercial o penal, sea en el orden personal o por razón de sus funciones profesionales, deberá darse conocimiento al Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra el Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para que éste a su vez adopte o aconseje las medidas que considere oportunas. A tal efecto, los Magistrados Judiciales, de oficio o a pedido de partes, deberán notificar a dicho Colegio Profesional toda acción intentada contra un matriculado dentro de los diez (10) días de iniciada.

Artículo 26.- Las acciones disciplinarias prescriben a los tres (3) años de producido el hecho que autoriza su ejercicio. La iniciación de la acción interrumpe la prescripción por igual término.

Cuando el hecho pudiera dar lugar a la exclusión del Registro de Matrículas, la prescripción de la acción se producirá a los cinco (5) años de ocurrido. Todo antecedente anterior a esta ley será tomado como válido formando parte del historial y antecedente del matriculado.

Artículo 27.- El Martillero, Tasador y/o Corredor excluido del Registro de Matrículas por sanción disciplinaria, no podrá ser admitido en actividad hasta transcurridos cinco (5) años de la resolución firme respectiva.

El excluido por sentencia penal en las condiciones previstas por el artículo 4º incisos b), d) y f), no será admitido en actividad hasta transcurridos cinco (5) años después de su rehabilitación, debiendo acreditar la conducta y medios de vida que tuvo en el intervalo, de acuerdo con el artículo 20 ter del Código Penal.

CAPÍTULO IV

AUTORIDADES DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL

Artículo 28.- Son Órganos Directivos de la Institución:

a) La Asamblea de los Matriculados;

b) el Consejo Directivo Departamental;

c) el Tribunal de Disciplina;

d) la Comisión Revisora de Cuentas.

Todos los miembros serán elegidos en comicios y durarán cuatro (4) años en sus funciones, renovándose por mitades cada bienio; tomándose como cronograma de inicio de ciclo directivo el día 1º de abril y concluyendo el día 31 de marzo, para todos los órganos directivos.

En todos los estamentos su Presidente tendrá doble voto en caso de empate.

Artículo 29.- Decláranse cargas públicas las funciones de los miembros del Consejo Directivo Departamental, del Tribunal de Disciplina y de la Comisión Revisora de Cuentas, con carácter ad-honórem, personal e indelegable. En caso de viajes representando al Colegio tendrán derecho a percibir un viático acorde a los gastos generados por representación.

Cuando las necesidades funcionales así lo requieran, el caso se someterá a la voluntad de la Asamblea Departamental y ésta fijará los valores por la retribución de los servicios a prestar.

Artículo 30.- No son elegibles ni pueden ser electores, en ningún caso, los Martilleros, Tasadores y/o Corredores inscriptos en el Registro que adeuden algún concepto o la cuota anual establecida en el artículo 58, inciso b) o que no tengan fianza en las condiciones exigidas por esta ley. El voto es directo, secreto y obligatorio.

Podrán excusarse los mayores de sesenta y cinco (65) años y los que se hayan desempeñado en el período inmediato anterior en alguno de dichos cargos.

El que sin causa justificada no emita su voto, sufrirá una multa equivalente a la cuarta parte del sueldo mínimo de los empleados pertenecientes al Escalafón Técnico de la Administración Pública Provincial, que le aplicará el Consejo Directivo, a beneficio del Colegio Departamental.

Artículo 31.- Los aspirantes a integrar el Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Revisora de Cuentas, presentarán junto con el pedido de oficialización de lista, los datos de filiación completos, la aceptación al cargo y la plataforma electoral suscripta por todos los integrantes de la lista como prueba de formal compromiso de cumplimiento, nombrando un apoderado y fijando un domicilio para las comunicaciones. Dicha lista de postulación deberá contar con avales del diez por ciento (10%) del padrón para ser oficializada, excluyendo a los titulares de la misma, identificándose con un solo color, no permitiéndose el uso de frases, slogans, nombres o lemas de ningún tipo. En caso de que el número de colegiados exceda de cien (100) bastará sólo con la firma de diez (10) solicitantes.

El régimen electoral será por el sistema de lista incompleta, por cargo y con los tres órganos por separado, permitiendo las tachas sin piso, tanto de titulares como de suplentes.

Cuando se oficialicen dos o más listas, se consagrará para la mayoría las dos terceras (2/3) partes de los candidatos presentados según su orden de colocación en cada lista y en cada órgano, según las tachas. El tercio restante de candidatos presentados se adjudicará a la lista que siga en número de votos, siempre que obtenga un tercio (1/3) de los votos válidos emitidos. Si esto no ocurre, la lista mayoritaria se adjudicará la totalidad de los cargos.

Los Consejeros suplentes llamados a sustituir a los Consejeros titulares, serán los electos en el mismo acto y pertenecientes a la misma lista que los titulares que deberán reemplazar.

El Reglamento interno determinará el régimen electoral y procedimiento eleccionario.

CAPÍTULO V

DE LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES

Artículo 32.- Cada año en la fecha y forma que establezca la reglamentación se reunirá la Asamblea General Ordinaria para considerar los asuntos de competencia del Colegio Profesional que deben figurar en el Orden del Día. La convocatoria contendrá lugar, fecha, horario, el carácter de la misma y el Orden del Día, no pudiéndose tratar otros asuntos no incluidos en él, a menos que la Asamblea en general acepte incluir otro tema y así lo resuelva por simple mayoría, de esa manera así quedará asentado en el acta respectiva.

Tendrá por objeto considerar:

a) Cierre del Ejercicio anual;

b) memoria anual y estados contables del Ejercicio de cierre y destino de los resultados, a propuesta del Consejo Directivo;

c) informe de la Comisión Revisora de Cuentas sobre el Ejercicio de cierre;

d) presupuesto anual por grandes rubros;

e) proyecto y previsiones del nuevo año;

f) cualquier otro asunto expresamente incluido en el Orden del Día y sometido a consideración.

En el año que corresponda renovar autoridades se incluirá, en el Orden del Día la correspondiente convocatoria.

Artículo 33.- La Comisión Revisora de Cuentas deberá convocar a Asamblea Ordinaria si omitiese hacerlo el Consejo Directivo en los plazos establecidos y a Asamblea Extraordinaria en caso de acefalía de éste, dentro de los treinta (30) días de producida. Podrá citarse también a Asamblea Extraordinaria cuando lo soliciten por escrito un décimo   (1/10) de los miembros matriculados del Colegio Profesional, por lo menos, o por resolución del Consejo Directivo con los mismos objetos señalados en el artículo anterior. En caso de que el número de colegiados exceda de cien (100) bastará sólo con la firma de diez (10) solicitantes.

Artículo 34.- La Asamblea General Ordinaria funcionará con la presencia de más de un tercio (1/3) de los inscriptos.

Si a la hora de la citación no hubiere número suficiente, funcionará válidamente una hora después con los asistentes, siempre que su número no sea inferior a diez (10), excluyendo los integrantes titulares del Consejo Directivo, del Tribunal de Disciplina y de la Comisión Revisora de Cuentas, a los efectos de la formación de quórum.

Las citaciones se harán mediante comunicación dirigida al domicilio de los colegiados, aceptándose las comunicaciones por correo electrónico cuando así esté establecido y aceptado por el matriculado y por publicaciones en un diario de la ciudad asiento del Colegio Profesional durante tres (3) días consecutivos.

En caso de que algún matriculado, por razón fundada, no pueda asistir a la Asamblea, podrá otorgar un poder de representación, el cual sólo será válido para una sesión de Asamblea y deberá estar firmado ante autoridad competente y presentado por mesa de entradas del Colegio con la justificación correspondiente y con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas para que pueda ser incluido en la planilla de asistencia de la Asamblea.

Artículo 35.- Las resoluciones de las Asambleas se tomarán por simple mayoría de votos presentes, excepto en los casos de sancionar un Código de Ética o sus modificaciones y/o para autorizaciones de adquisición, disposición o afectación real sobre bienes inmuebles de la entidad, para los que se requerirá que el voto decisivo de la mayoría alcance por lo menos a las dos terceras (2/3) partes de los matriculados presentes, debiendo ser no menos del veinte por ciento (20%) del total de la matrícula en condiciones de votar.

Artículo 36.- El Presidente y el Secretario del Consejo Directivo actuarán en el mismo carácter en las Asambleas. En ausencia de estos y si la convocatoria fuese realizada por la Comisión Revisora de Cuentas, ellos ocuparán las funciones de tales. En ausencia de estos también, los matriculados que la propia Asamblea designe, siendo presidida provisionalmente por el profesional de mayor antigüedad en la matrícula que se encuentre presente.

Artículo 37.- Los Miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Disciplina y de la Comisión Revisora de Cuentas no podrán votar sobre la aprobación de los estados contables y demás actos relacionados con su gestión, ni en las resoluciones referentes a su responsabilidad y remoción.

CAPÍTULO VI

DEL CONSEJO DIRECTIVO DEPARTAMENTAL

Artículo 38.- El Consejo de Directivo estará compuesto por:

a) Un (1) Presidente;

b) un (1) Secretario;

c) un (1) Tesorero;

d) dos (2) Vocales titulares.

Se elegirán asimismo dos ( 2) Vocales suplentes.

Para ser miembro del Consejo se requiere un mínimo de cuatro (4) años de colegiación con ejercicio ininterrumpido en actividad profesional en el respectivo Departamento, tener más de treinta y cinco (35) años de edad y tener domicilio real en el mismo, no estar incurso en lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley, y no haber sido pasible de ninguna sanción disciplinaria  por cualquier concepto en los últimos tres (3) años anteriores a la elección. Para ocupar el cargo de Presidente y/o Vicepresidente del Consejo Directivo será condición irrenunciable haber ocupado otro cargo directivo como Secretario y/o Tesorero, en los últimos cuatro ( 4) años. Para ocupar el cargo de Secretario y/o Tesorero será condición irrenunciable, haber ocupado otro cargo directivo como Presidente, Secretario, Tesorero, como Pro, Vocal titular o Presidente del Tribunal de Disciplina, o miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas, en los últimos cuatro (4) años.

Se establece esté encadenamiento organizativo de cargos a los fines de dar continuidad institucional en el tiempo a los criterios de decisiones colegiadas en el mismo.

El Presidente, el Secretario y el Tesorero podrán ser reelectos por un período sucesivo, debiendo pasar otro período para volver a postularse. El resto de los miembros del Consejo deberán renovarse al fin de su período. Para poder ser elector se requiere un mínimo de un (1) año de ejercicio en la profesión.

Artículo 39.- Los miembros del Consejo Directivo podrán ser objeto de remoción por faltas graves cometidas en el ejercicio de su mandato mediante acusación formulada por un quinto (1/5) de los miembros del Colegio Profesional, o bien en el caso de que sus integrantes excedan de cien (100) bastará sólo con la firma de diez (10) colegiados, o por resolución del Consejo Directivo mediante el voto secreto de los dos tercios (2/3) de los miembros que lo componen.

Se formará un jurado especial integrado por cinco (5) miembros a sortearse entre los colegiados activos.

Los integrantes del Jurado deberán tener cinco (5) años de ejercicio profesional y más de cuarenta (40) años de edad.

Los miembros desinsaculados podrán ser recusados por las mismas causas que los Camaristas en lo Criminal y Correccional, y por una sola vez.

Las recusaciones serán resueltas por el Consejo Superior, siendo su decisión inapelable.

El Jurado actuará bajo la Presidencia del colegiado con mayor antigüedad en la matrícula y sesionará con un quórum de cuatro (4) miembros; sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta.

Artículo 40.- Se tendrá por desestimada la acusación que no reúna las condiciones exigidas por el artículo precedente.

La resolución que recaiga podrá ser apelada por ante el Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de la decisión de éste podrá recurrirse ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial que corresponda.

Las apelaciones deberán interponerse directamente dentro de los diez (10) días de notificada la sanción.

Artículo 41.- El Presidente del Consejo Directivo o quien lo reemplace presidirá la Asamblea, mantendrá las relaciones de la institución con sus similares con los poderes públicos, ejecutará y hará cumplir las decisiones del Consejo Superior y del Colegio Departamental de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia.

Artículo 42.- El Consejo Directivo deliberará válidamente con la mitad más uno de sus miembros, tomando resoluciones a mayoría simple de votos, salvo en aquellos casos en que esta ley y su reglamentación exigiera dos tercios (2/3) de los mismos.

El Presidente sólo tendrá voto doble en caso de empate.

CAPÍTULO VII

DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

Artículo 43.- El Tribunal de Disciplina tendrá jurisdicción departamental y se compondrá de tres (3) miembros titulares e igual número de suplentes. Se integrará con un (1) Presidente, un (1) Secretario y un (1) Vocal titular. De acuerdo a la necesidad podrán nombrar a los Vocales suplentes como Vocales titulares.

Se integrará con dos (2) miembros titulares y sus suplentes designados por la mayoría y uno igual por la minoría.

Para ser miembro se requiere tener domicilio real en el Departamento Judicial, cuarenta (40) años de edad, diez (10) años en el ejercicio profesional, no estar incurso en lo dispuesto por el artículo 19 de la presente ley y no haber sido pasible de ninguna sanción disciplinaria por cualquier concepto en los últimos tres (3) años anteriores a la elección.

Para ocupar el cargo de Presidente del Tribunal de Disciplina será condición irrenunciable haber ocupado otro cargo y directivo como miembro del Consejo Directivo, miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas o Secretario y/o Vocal titular del Tribunal de Disciplina en los últimos cuatro (4) años. Para ocupar el cargo de Secretario será condición irrenunciable haber ocupado otro cargo directivo indistinto, en los últimos cuatro (4) años.

Se establece este encadenamiento organizativo de cargos a los fines de dar continuidad institucional en el tiempo a los criterios de decisiones colegiadas en el mismo.

Los miembros titulares del Consejo Directivo o de la Comisión Revisora de Cuentas, no podrán formar parte del Tribunal al mismo tiempo que desempeñen la otra función.

Artículo 44.- Sus miembros son recusables por las mismas causas que los Camaristas en lo Criminal y Correccional. Las recusaciones serán resueltas por el Consejo Superior, siendo su decisión inapelable.

Podrán ser removidos en el modo y con el procedimiento establecido en el artículo 39.

Ante la remoción, integrarán el Cuerpo los suplentes en el orden correspondiente.

Artículo 45.- El Tribunal de Disciplina tendrá mínimamente una reunión mensual bajo acta, aplicará las sanciones previstas en esta ley y cuando sea necesario, funcionará asistido por un Secretario Asesor "ad-hoc", que deberá tener título de abogado. Las deliberaciones de los Tribunales de Disciplina no serán públicas hasta su dictamen.

CAPÍTULO VIII

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Artículo 46.- La Comisión Revisora de Cuentas tendrá jurisdicción departamental y se compondrá de dos (2) miembros titulares e igual número de suplentes, un miembro titular y su suplente designado por la mayoría y otro igual por la minoría.

Para ser miembro se requiere tener domicilio real en el Departamento Judicial, treinta y cinco (35) años de edad, cinco (5) años en el ejercicio profesional, no estar incurso en lo dispuesto por el artículo 19 de la presente ley y no haber sido pasible de ninguna sanción disciplinaria por cualquier concepto en los últimos tres (3) años anteriores a la elección. Para ocupar el cargo de miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas será condición irrenunciable haber ocupado otro cargo directivo como miembro titular del Consejo Directivo, Presidente del Tribunal de Disciplina o como miembro suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, en los últimos cuatro (4) años.

Se establece este encadenamiento organizativo de cargos a los fines de dar continuidad institucional en el tiempo a los criterios de decisiones colegiadas en el mismo.

Los miembros titulares del Consejo Directivo o del Tribunal de Disciplina no podrán formar parte de esta Comisión al mismo tiempo que desempeñen la otra función. 

Artículo 47.- Son atribuciones y deberes de esta Comisión:

a) Velar por el cumplimiento de la ley y sus normas;

b) fiscalizar la administración, examinar los registros y documentación del Colegio Profesional, por lo menos cada tres (3) meses, haciendo conocer su informe al Consejo Directivo;

c) asistir a las reuniones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto;

d) examinar la recaudación, gastos e inversiones de los fondos del Colegio Profesional;

e) dictaminar sobre la memoria y los estados contables, correspondientes al período en el que han estado ejerciendo sus funciones;

f) tómese como fecha de cierre de los estados contables el día 31 de diciembre de cada año;

g) rubricar los libros, registros y protocolos que deberá llevar el Colegio Profesional;

h) tener mínimamente una reunión mensual bajo acta;

i) investigar las denuncias fundadas, de orden directivo o administrativo, que por escrito formulen los matriculados y/o los otros cuerpos del Colegio;

j) convocar a Asamblea cuando omitiera hacerlo el Consejo Directivo o ante acefalía del mismo, o ante irregularidades manifiestas en el funcionamiento del mismo y cuando las denuncias a que hace mención el inciso anterior sean consideradas de gravedad y no hayan merecido tratamiento adecuado por el Consejo Directivo.

Los miembros de esta Comisión podrán ser removidos en el modo y con el procedimiento establecido en el artículo 39. Ante la remoción, integrarán el Cuerpo los suplentes.

Artículo 48.- La Comisión Revisora de Cuentas podrá solicitar ser asistida por un Secretario Asesor "ad-hoc", que deberá tener título de incumbencia en ciencias económicas, a los fines de cumplir cabalmente con sus funciones.

CAPÍTULO IX

DE LAS REMOCIONES

Artículo 49.- Los miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Disciplina y de la Comisión Revisora de Cuentas, sólo pueden ser removidos de sus cargos por las siguientes causas:

a) La inasistencia no justificada a tres (3) reuniones consecutivas o a cinco (5) alternadas, en el año, de los órganos a los que pertenecen;

b) mala conducta, agresiones físicas, negligencia, irresponsabilidad y/o morosidad en sus funciones;

c) comportamiento obsceno, acoso sexual o actos indecentes y/o contra la moral y las buenas costumbres, alcoholismo y/o ebriedad pública o consumo de substancias ilegales, drogas, etcétera;

d) inhabilidad en los términos de los artículos 4º y 5º de la presente ley o incapacidad sobreviniente; y

e) violación a las normas de esta ley y a las que reglamentan el ejercicio profesional o al Código de Ética, de acuerdo con sentencia firme del Tribunal de Disciplina.

Artículo 50.- En los casos señalados en el inciso a) del artículo anterior, cada órgano decidirá la remoción de sus miembros luego de producida la causal.

En los casos señalados en los incisos c), d) y e) del artículo anterior, será la Asamblea Extraordinaria quien resuelva la separación de los miembros. Sin perjuicio de ello, el órgano que integra el acusado podrá suspenderlo preventivamente y hasta que la Asamblea resuelva.

La Asamblea se limitará a separar al acusado de su cargo cuando así correspondiera y podrá inhabilitarlo para ocupar en lo sucesivo cualquier cargo en el Colegio Profesional.

Las actuaciones pasarán en su caso al Tribunal de Disciplina para la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan. El órgano donde se produjo la remoción decidirá la incorporación del suplente que corresponda y en el mismo orden en que fueron elegidos.

Artículo 51.- En todos los órganos del Colegio Profesional, según corresponda, el orden normal de reemplazo será:

a) El Presidente será reemplazado por el Vicepresidente;

b) el Vicepresidente será reemplazado por el Secretario;

c) el Secretario será reemplazado por el Prosecretario;

d) el Prosecretario será reemplazado por el Vocal 1º;

e) el Tesorero será reemplazado por el Protesorero;

f) el Protesorero será reemplazado por el Vocal 2º;

g) el Vocal 1º será reemplazado por el Vocal suplente 1º; y

h) el Vocal 2º será reemplazado por el Vocal suplente 2º; etcétera.

CAPÍTULO X

DEL COLEGIO PROFESIONAL DE MARTILLEROS, TASADORES Y/O CORREDORES DE LA PROVINCIA

Artículo 52.- El Consejo Superior y los Colegios Departamentales constituyen en conjunto el Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 53.- El Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia tendrá su asiento en la ciudad de Río Grande.

Artículo 54.- La representación del mismo estará a cargo de un (1) Consejo Superior integrado por todos los Presidentes, Secretarios y Tesoreros de los Colegios Departamentales. Los Vocales de los mismos tendrán carácter de Consejeros suplentes.

Artículo 55.- El Consejo Superior designará equitativamente de entre sus miembros departamentales, un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario y un (1) Tesorero; el resto de los miembros actuarán como Consejeros Vocales. Cuando el número y las funciones lo requiera se podrá nombrar otro Vicepresidente, un Prosecretario y un Protesorero.

La votación se efectuará por cargos y permanecerán en ellos como tales hasta la próxima renovación de autoridades de los Colegios Departamentales.

El ingreso de nuevos miembros determinará una nueva elección dentro del Cuerpo.

Los que no resulten electos permanecerán en sus cargos por el término de sus respectivos mandatos.

Artículo 56.- En el Consejo Superior las decisiones se tomarán a simple mayoría, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. Sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus miembros; preferentemente con la presencia mínima de un miembro de cada jurisdicción.

Artículo 57.- Los Colegios Departamentales por medio de acordada anual ante el Consejo Superior, de común acuerdo, en forma proporcional y solidaria aportarán una contribución porcentual de las cuotas anuales obligatorias establecidas por esta ley para la organización y funcionamiento del Colegio Profesional de la Provincia.

CAPÍTULO XI

DE LOS RECURSOS

Artículo 58.- Los Colegios Departamentales tendrán como recursos:

a) Derechos de inscripción en la matrícula;

b) cuota anual que abonarán los colegiados;

c) demás ingresos previstos en la presente ley;

d) las donaciones, herencias, legados, subsidios y subvenciones;

e) la renta de sus bienes y/o cualquier otra entrada o ingreso lícito.

Los recursos a que se hace referencia en los incisos a) y b) de este artículo y el porcentaje establecido en el artículo 57, serán fijados por el Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en la forma que determine la presente ley.

Artículo 59.- El Consejo Superior en el mes de noviembre de cada año, fijará el monto del derecho de inscripción y de la cuota anual para el Ejercicio siguiente.

La cuota anual deberá abonarse por año calendario adelantado, antes del día 31 de marzo de cada año, en uno o más pagos dentro de los plazos que establezca al efecto el Consejo Superior. Los que se incorporen lo harán en la oportunidad en que lo hagan.

Los Colegios, previa justificación, podrán solicitar al Consejo Superior una cuota adicional.

Vencidos los plazos de pago, se producirá la mora de pleno derecho, debiendo abonarse en lo sucesivo sus importes con más los intereses y gastos causídicos que correspondan.

Producida la falta de pago de la cuota anual o de la cuota supletoria, en su caso, el Consejo Directivo deberá suspender al colegiado en el ejercicio de la profesión, sin perjuicio de reclamar su cobro por la vía pertinente.

Artículo 60.- El Colegio Departamental percibirá el importe de los derechos que determina el artículo 58, así como también el de multas y prestaciones obligatorias que está facultado a imponer por esta ley y su reglamento general.

El cobro compulsivo se realizará por el procedimiento de apremio, siendo suficiente título ejecutivo, la planilla de liquidación suscripta por el Presidente y Tesorero del Colegio Profesional, o en su caso la resolución o Decreto que estableció la sanción o prestación, suscripta por el Presidente, Secretario y Tesorero del Colegio Profesional.

Artículo 61.- Los Consejeros, inicialmente no serán responsables personal ni solidariamente por las obligaciones del Colegio Profesional ajenas a su período de gestión.

Sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles por la legislación común, los miembros del Consejo Directivo serán solidaria y patrimonialmente responsables de la inversión de los fondos cuya administración se les confiere y de los daños y perjuicios que irroguen con su actuación irregular, quedando exceptuado de esta responsabilidad quien no apruebe la resolución origen del acto o gestión de la que derive y haya dejado constancia fehaciente de su actitud.

TÍTULO III

DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I

DE LA ACTIVIDAD DE LOS COLEGIADOS

Artículo 62.- El ejercicio de las profesiones de Martillero, Tasador y/o Corredor comprende las siguientes actividades:

a) Martillero: son actividades propias del Martillero efectuar ventas en remates públicos y practicar tasaciones, avalúos y/o peritajes de cualquier clase de bienes de tráfico lícito que se realice en el territorio de la Provincia, por orden judicial, oficial o particular, además de toda otra actividad propia de sus funciones que no estén expresamente prohibidas por el Código de Comercio o por leyes especiales;

b) Corredor: son actividades de los Corredores, intervenir en todos los actos propios del corretaje, asesorando, promoviendo, o ayudando a la conclusión de contratos relacionados con toda clase de bienes de tráfico lícito y toda otra actividad propia de sus funciones previstas en esta ley o que no estén expresamente prohibidas por el Código de Comercio o por leyes especiales;

c) el Martillero, el Tasador y/o el Corredor, de acuerdo a sus variantes y especialidades, pueden practicar y expedirse en tasaciones de inmuebles, muebles y semovientes en general.

Artículo 63.- Los Colegiados en actividad, con las firmas de sus comitentes, podrán recabar directamente de las oficinas públicas, entes oficiales o de servicios y bancos oficiales o particulares, los informes o certificados sobre las condiciones de las cosas o derechos que les hayan sido entregados para la venta y/o en administración.

En la solicitud se hará constar su nombre, domicilio, tomo y folio, y número de inscripción en el Registro de Matrículas, precisando con exactitud las características del bien, la naturaleza del derecho sobre el que se requiere informe y el objeto de éste, debiendo expedirse las oficinas dentro del plazo máximo de quince (15) días.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES

Artículo 64.- Son obligaciones de los Martilleros, Tasadores y/o Corredores:

En el ejercicio de la profesión y ante la fe pública instrumental, el profesional debe interpretar e instrumentar la voluntad de los requirentes, dándole forma legal, cuidando de la exactitud de lo que pueda ver, oír o percibir y de la eficiente estructuración jurídica del instrumento legal cumpliendo las normas y principios del derecho respecto de los documentos, a los efectos de obtener legitimación y autenticidad plena de todos los actos y contratos en los que intervenga.

a) De los Corredores:

1. Llevar en forma legal el Libro Manual y el Registro en los cuales se asentarán las operaciones que se realizan;

2. ajustarse estrictamente a las constancias de sus libros en los certificados que expidan;

3. asegurarse de la identidad, domicilio y capacidad de las personas entre quienes trata el negocio;

4. proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad;

5. comprobar la existencia de los instrumentos que acrediten el título invocado por el comitente, recabando cuando se trate de bienes inmuebles la certificación del Registro de la Propiedad sobre la inscripción de dominio de los gravámenes y embargos que reconozcan aquéllos, así como las inhibiciones anotadas a nombre del enajenante. Cuando se trate de fondos de comercio o bienes muebles, deberán requerir igual certificación del Registro Público de Comercio y del Registro de Créditos Prendarios de la jurisdicción en que se encuentren respectivamente. Tratándose de automotores deberán requerir igual certificación del Registro de la Propiedad Automotor. Los anuncios deberán referirse clara y explícitamente al contenido de todas estas certificaciones. En todos los casos deberá dejarse constancia, en el contrato, del número y fecha de expedición de los certificados y situación que surja de los mismos;

6. en las operaciones que intervenga el profesional Martillero, Tasador y/o Corredor; sin perjuicio de las demás previsiones contenidas en reglamentaciones de la materia, exigir al comitente o mandante, en el caso de venta de inmuebles, los planos aprobados conforme a obra o bien poner al tanto de situaciones irregulares a los interesados, determinando a cargo de quiénes serán las multas, honorarios de profesionales, confección de nuevos planos y gastos municipales. Además, en los casos de subdivisión de propiedad horizontal, solicitar al mandante copia del certificado de subdivisión aprobada por catastro municipal;

7. cuando se anuncie la pavimentación de calles adyacentes al loteo a venderse, sin perjuicio de las demás previsiones contenidas en las reglamentaciones de la materia, deberá especificarse el tipo de construcción de aquéllas, no pudiendo citarse otros servicios públicos (transporte, provisión de agua, energía eléctrica, teléfono y gas), cuyo funcionamiento no se realice con autorización oficial y carácter permanente;

8. cuando se trate de inmuebles a pagarse en cuotas periódicas sucesivas, deberá observarse en lo pertinente lo dispuesto en las leyes nacionales, provinciales, ordenanzas municipales, y sus modificatorias; Ley nacional 14.005, Decreto provincial Nº 348/86, y sus modificatorias;

9. convenir por escrito con sus mandantes los honorarios y gastos, las condiciones de venta, la forma de pago de todo cuanto crea conveniente para el mejor desempeño de su mandato, archivando anualmente en volúmenes encuadernados y foliados los convenios por escrito que a ese respecto tenga con sus mandantes;

10. cuando lo exija la naturaleza del negocio, guardar secreto riguroso en todo lo concerniente a las operaciones que se le encarguen;

11. asistir a la entrega de los efectos por ellos vendidos, si alguno de los interesados lo exige;

12. hallarse presente en el momento de firmarse el contrato, al pie del cual certificará que se ha hecho con su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad y que transcribirá los datos esenciales y de identificación en el Libro de Registros. Los ejemplares de los boletos de compraventa de inmuebles y fondos de comercio, serán archivados anualmente y sólo serán exhibidos ante orden judicial o a requerimiento de las autoridades del Colegio Profesional;

13. conservar los certificados e informes de las cosas o derechos que se vendan con su intervención; toda documentación deberá ser resguardada por el término legal correspondiente;

14. bajo pedido de los contratantes, entregar una minuta firmada del asiento hecho en su Libro de Registros sobre el negocio concluido;

15. prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez en el servicio de Justicia;

16. aceptar los nombramientos que les hagan los Tribunales y/o los entes oficiales, con arreglo a la ley, pudiendo excusarse sólo por causa debidamente fundada;

17. dar aviso al Colegio Departamental de todo cambio de domicilio o traslado de oficina, como así también del cese o reanudación del ejercicio profesional en el plazo fijado por el artículo 10;

18. no abandonar la gestión que se les haya encomendado;

19. dar recibo del dinero, título o documento que se les entregue, conservándolos y devolviéndolos a la terminación de la contratación;

20. pagar la cuota anual en los plazos que fije la reglamentación o el Consejo Directivo, como así también las demás contribuciones establecidas por la Asamblea Extraordinaria de colegiados o cuota adicional supletoria que se fije;

21. entregar los libros al Colegio Departamental en el supuesto del artículo 104 del Código de Comercio, o de cancelación de la inscripción en el Registro de Matrículas, resolviendo el Consejo Directivo lo que corresponda en derecho;

22. exhibir los libros toda vez que los inspectores del Colegio Departamental lo soliciten;

23. hacer constar con toda claridad en cualquier propaganda o publicidad el nombre y apellido, tomo, folio y/o número de Colegiado en el Registro de Matrículas.

b) De los Martilleros Públicos:

1. Llevar los libros que determina la Ley de Martilleros;

2. comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer del bien a rematar. En el caso de remate de inmuebles deberán también constatar las condiciones de dominio de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior deberá anunciar con anticipación razonable todos los remates que realicen, efectuando la publicidad necesaria para asegurar el mayor éxito de la subasta;

3. convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien, los gastos del remate y la forma de satisfacerlo, condiciones de venta, lugar del remate, modalidades del precio y demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos en que el Martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de aquél;

4. anunciar las ventas en las condiciones estipuladas, estableciendo en los avisos la fecha, hora y lugar de la subasta, cualidad, títulos y ubicación de la cosa, como así también por orden de quien se realiza el remate. Deberá indicarse asimismo el nombre del profesional, domicilio especial y matrícula, efectuando una descripción del estado del bien y sus condiciones de dominio. Tratándose de remates realizados por Sociedades, deberán indicarse además los datos de su inscripción registral. Cuando se trate de remate de lotes provenientes de subdivisión de bienes de mayor extensión, deberán indicarse los datos referentes a medidas, linderos y condiciones de dominio. También deberán indicarse en su caso el tipo de pavimento, obras de desagües y demás servicios públicos si existieran, sin perjuicio de las demás exigencias contenidas en las leyes nacionales, provinciales u ordenanzas municipales;

5. realizar el remate en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar bien visible una bandera con su nombre y, en su caso, el de la sociedad a la que pertenezca;

6. antes de comenzar el remate deberá explicar en voz alta, en idioma nacional y con precisión los caracteres, condiciones legales, cualidades y gravámenes que puedan pesar sobre el bien;

7. aceptar la postura solamente cuando se efectuara a viva voz, de forma clara e inconfundible, de lo contrario la misma será considerada ineficaz. Suscribir con los contratantes y previa comprobación de su identidad, el instrumento que documente la venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes. Cuando se trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, y ésta fuera suficiente para la transmisión de la propiedad, bastará el recibo respectivo;

8. en las subastas ordenadas por entidades estatales y realizadas en sus dependencias, además de la bandera de la institución puesta al frente del edificio conforme lo antes expuesto se colocará en lugar visible el nombre del o de los martilleros que tengan a su cargo el acto. Las reparticiones públicas ajustarán sus disposiciones a la presente ley;

9. en el caso de intervención del martillero en los llamados a mejoramiento de oferta o subastas realizadas por Internet, deberá considerar el martillero la oferta más alta al momento anunciado para el cierre de dicha operación, para considerar adjudicada la venta y comprobar, en el caso en que la empresa se responsabilice por la entrega del producto y la efectiva entrega del bien y el cobro de su precio.

Este será el único caso en el que no estará exigida la presencia física del martillero para realizar la operación, tal como lo establece la ley, pero deberá rubricar y sellar toda la documentación para que dicho acto sea legal;

10. rendir cuenta en forma documentada y entregar el saldo que resulte favorable de la subasta a sus comitentes, dentro de los términos legales salvo convención contraria, incurriendo en pérdida de la comisión en caso de no hacerlo;

11. cuando el Martillero, Tasador y/o Corredor tenga oficinas o sucursales en un radio mayor de veinticinco (25) kilómetros de distancia que le impida su atención personal, deberá tener a cargo de las mismas a profesionales colegiados y en calidad de “Representantes Técnicos” de la misma;

12. serán de aplicación a los Martilleros, en lo pertinente, las obligaciones prescriptas para los Corredores en el inciso a) del presente artículo.

CAPÍTULO III

INTERVENCIÓN DE LOS MARTILLEROS EN OPERACIONES DE VENTAS POR INTERNET

Artículo 65.- Las empresas, constituidas o no en el ámbito de la Provincia, y que se dediquen dentro del territorio de esta provincia, a la promoción y ventas de artículos por Internet a través del sistema de llamado a mejoramiento de oferta, subasta, remate o similar, requerirán la figura de un martillero matriculado que compruebe y rubrique el cierre de cada operación. En el caso que la empresa sea responsable de la distribución de los productos vendidos, será también responsabilidad del martillero el comprobar la entrega de los bienes.

Artículo 66.- Estas empresas deberán contar, como condición de habilitación, entre sus miembros directivos a un martillero habilitado y matriculado. En caso de no contarlo, la empresa deberá contratar en relación de dependencia y/o locación de servicios y en calidad de “Representante Técnico” de la misma, como mínimo a uno de ellos, a fin de garantizar las operaciones.

Artículo 67.- Estas empresas deberán exhibir antes de cada operación de oferta y en forma clara la identificación, matrícula y jurisdicción del martillero interviniente.

CAPÍTULO IV

PROHIBICIONES

Artículo 68.- Les está prohibido a los Martilleros, Tasadores y/o Corredores, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes nacionales 20.266, 23.282 y 25.028 y modificatorias:

a) Practicar descuentos, bonificaciones o reducción de comisiones arancelarias;

b) tener participación en el precio que se obtenga en el remate o transacción a su cargo, no pudiendo celebrar convenios por diferencia a su favor o de terceras personas;

c) ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la sociedad a la que pertenezca se efectúen remates por personas no colegiadas;

d) comprar para sí, por cuenta de terceros, directa o indirectamente, ni adjudicar o aceptar posturas respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado, socios, habilitados o empleados, los bienes cuya venta se le haya encomendado;

e) suscribir el instrumento que documenta la venta, sin autorización expresa del legitimado para disponer del bien a rematar;

f) retener el precio recibido o parte de él en que exceda del monto de los gastos convenidos y de la comisión que le corresponda;

g) utilizar en cualquier forma las palabras "judicial", "oficial" o "municipal", cuando el remate no tuviera tal carácter, o cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o confusión;

h) aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su admisión en la publicidad, salvo el caso de leyes que así lo autoricen;

i) suspender los remates, existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado la base, la misma no se alcance. El Martillero por cuya culpa se suspenda o anule un remate, perderá su derecho a cobrar la comisión y a que se le reintegren los gastos y responderá por los daños y perjuicios que ocasione;

j) constituir sociedades con personas inhabilitadas para el ejercicio profesional;

k) facilitar su nombre a personas no habilitadas a efectos de que procedan a la apertura de oficinas o ejerzan la profesión, ni regentear las que no sean propias, con excepción de lo normado en el artículo 64, apartado b), inciso 11) de la presente.

CAPÍTULO V

DE LOS ARANCELES

Artículo 69.- Los honorarios que percibirán los Martilleros, Tasadores y/o Corredores, de acuerdo a sus variantes y especialidades, por los trabajos profesionales que realicen, se ajustarán a la siguiente escala arancelaria:

I.- De los Martilleros Públicos:

a) Subasta de inmuebles urbanos o rurales: del tres por ciento (3%) a cargo del comprador;

b) subasta de rodados, plantas, mercaderías, demoliciones, implementos agrícolas y muebles en general: del diez por ciento (10%) a cargo del comprador;

c) subasta de fondo de comercio: del cinco por ciento (5%) a cargo del comprador;

d) subasta de fondo de industria: del cinco por ciento (5%) a cargo del comprador;

e) subasta de hacienda en mercados (concentraciones con destino a consumo, conserva o exportación): del cinco por ciento (5%) a cargo del comprador;

f) en remate de vacunos generales: del dos por ciento (2%) a cargo del vendedor y del comprador respectivamente;

g) en remate reproductores generales de todo tipo, de porcinos, caprinos, yeguarizos y asnales en general: del tres por ciento (3%) a cargo de cada parte;

h) en remate reproductores de pedigrí en consignaciones de cabañas o en exposiciones: del cinco por ciento (5%) a cargo del comprador;

i) en remate y/o liquidaciones en establecimientos e instalaciones de vacunos y lanares: del tres por ciento (3%) a cargo del comprador; y yeguarizos, porcinos, caprinos y asnales; reproductores de todo tipo: del cinco por ciento (5%) a cargo del comprador;

j) en remate hacienda faenada (carnes de gancho): del dos por ciento (2%) a cargo del vendedor;

k) subasta de aves y conejos: del diez por ciento (10%) a cargo del comprador;

l) subasta de pescados, mariscos y frutos de mar, etcétera: del diez por ciento (10%) a cargo del comprador.

En todos los casos el vendedor pagará, además, la cuenta de gastos y publicidad previamente convenida.

II.- De los Corredores:

a) Venta de inmuebles urbanos o rurales: del tres por ciento (3%) a cargo del comprador;

b) venta de títulos y acciones con o sin cotización en bolsa, sin incurrir en los supuestos contemplados por la Ley 17.811 de Oferta Pública de Títulos Valores: del dos por ciento (2%) a cargo del comprador;

c) venta de rodados, demoliciones, plantas, mercadería, implementos agrícolas, muebles en general: del seis por ciento (6%) a cargo del comprador;

d) venta de fondos de comercio y/o industria:

1. A inventario: del cuatro por ciento (4%) a cargo del comprador y del seis por   ciento (6%) a cargo del vendedor,

2. en block: del cinco por ciento (5%) a cargo de cada parte;

e) venta de hacienda y ave:

1. Venta de vacunos y lanares en general: del dos por ciento (2%) a cargo de cada          parte,

2. venta de porcinos, caprinos, yeguarizos y asnales en general: del tres por ciento         (3%) a cargo de cada parte,

3. venta de reproductores generales: vacunos, lanares, porcinos, caprinos,            yeguarizos y asnales: del tres por ciento (3%) a cargo de cada parte,

4. venta de reproductores de pedigrí: del cinco por ciento (5%) a cargo de los       compradores,

5. venta de aves: del cinco por ciento (5%) a cargo de cada parte;

f) arrendamientos en locaciones y/o en administración de propiedades:

1. Urbanas o rurales: del tres por ciento (3%) a cargo de cada parte sobre el         importe del plazo de contrato. En caso de no existir contrato escrito, igualmente se     tomará como base el importe de dos (2) años de arrendamiento o locación. En     ningún caso será inferior al monto de un mes de locación,

2. en alquileres por temporada: del tres por ciento (3%) del monto del contrato a           cargo de cada una de las partes;

g) dinero en hipoteca: del cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) al uno por ciento (1%) a cargo de cada parte;

h) venta de ganado de cualquier tipo a frigoríficos: del dos por ciento (2%) de honorarios o aranceles a cargo del vendedor.

En todos los casos, el vendedor pagará además los gastos de publicidad previamente convenidos.

III.- De las Tasaciones:

Cuando los Martilleros, Tasadores y/o Corredores, de acuerdo a sus variantes y especialidades; efectúen tasaciones o valoraciones de bienes recibirán como honorarios mínimos:

a) Tasaciones judiciales: dos por ciento (2%) sobre el valor de los bienes o, en su caso, del valor locativo por el período legal o contractual cuando se trate de concesiones, a cargo de quien la solicite o de quien resulte obligado por resolución judicial, siendo su pago conforme a la imposición de las costas;

b) tasaciones oficiales o particulares: dos por ciento (2%) sobre el valor de los bienes, a cargo de quien lo solicite;

c) avalúos o estimación de valor de bienes muebles para su comercialización o venta realizada por Corredor Inmobiliario: del uno por ciento (1%) al dos por ciento (2%) sobre el valor de los bienes, a cargo de quien lo solicite.

Cuando los Martilleros, Tasadores y/o Corredores actúen como tasadores por designación oficial o judicial, recibirán sus honorarios según la escala arancelaria fijada en el presente artículo, en cada caso, siendo su pago conforme a la imposición de las costas o a cargo de quien lo solicite.

Los Martilleros, Tasadores y/o Corredores podrán fijar por contrato el monto de sus aranceles y honorarios sin otra sujeción que a esta ley y a las disposiciones de los Códigos de Fondo; pero el contrato será redactado por escrito bajo pena de nulidad y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del documento o la confesión de parte de haber sido firmado.

Las escalas arancelarias serán de observancia obligatoria, tanto en los mínimos como en los máximos previstos. Todo ítem no contemplado aquí será dictaminado por el Consejo Directivo.

IV.- De la Inaplicabilidad de los Aranceles:

No será de aplicación el presente arancel cuando en virtud de leyes particulares o especiales se establezcan aranceles diferentes.

Artículo 70.- En los remates judiciales se regularán los honorarios o aranceles de acuerdo a la presente ley, teniendo en cuenta la importancia de los trabajos efectuados por los profesionales.

En los casos en que la designación del Martillero, Tasador y/o Corredor emane del Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, instituciones autárquicas o Bancos oficiales, se aplicarán los honorarios o aranceles correspondientes al artículo anterior, sólo se tomarán en cuenta las excepciones por leyes especiales.

Artículo 71.- Si en las operaciones articulares intervinieran dos o más colegiados, cada uno percibirá los honorarios o aranceles que determina el artículo 69 y conforme con las escalas que fija, a cargo de la parte que represente cada uno de ellos, sin derecho a los del otro, salvo convención escrita en contrario.

Artículo 72.- En el caso de subastas de varios inmuebles, vendidos unos, fracasados otros por falta de postores, el profesional percibirá sobre los primeros el honorario o arancel que fija el artículo 69 apartado I inciso a), y sobre los segundos un arancel que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) sobre el monto mayor, sea esta la base de venta fijada o de la valuación fiscal actualizada conforme a la Ley Impositiva de la Provincia de Tierra del Fuego.

Artículo 73.- En caso de suspenderse la subasta por orden del Juez o Tribunal competente, por causas no imputables al Martillero, después que éste haya aceptado el cargo, el Juez procederá a efectuar la regulación de sus honorarios, sobre la base arancelaria que haya correspondido, en caso de remate realizado o teniendo en cuenta los trabajos realizados hasta el momento. Asimismo, se le abonará el importe de los gastos documentados que haya realizado dentro de los noventa (90) días de efectuada la subasta y/o desde la fecha que estaba prevista la misma.

CAPÍTULO VI

DE LOS NOMBRAMIENTOS DE OFICIO

Artículo 74.- Los nombramientos de oficio regirán para todas las entidades oficiales y/o judiciales que efectúen subasta o remates de bienes. Se entiende por entidades oficiales a la Administración Nacional, Provincial o Municipal; las empresas o entes estatales nacionales, provinciales o municipales, sean ellos gubernamentales, autárquicos, descentralizados y/o entidades financieras públicas o privadas, radicadas en el ámbito del territorio de la Provincia. Toda tasación o informe sobre el valor de un bien mueble, inmueble y/o semoviente dentro del ámbito provincial será tasado por un matriculado habilitado y visado por este colegio profesional, indistintamente sea el destino de la operación para compra, venta, remate, crédito, valuación, hipoteca, garantía, declaraciones patrimoniales. Dichas entidades tendrán la sola excepción de aquellas que tengan un profesional matriculado bajo relación de dependencia o en locación de servicios a fin de garantizar las operaciones.

Para ser incluido en la lista de nombramientos de oficio, los Martilleros, Tasadores y/o Corredores deberán presentar su solicitud ante el Colegio Departamental en el que esté inscripto durante el mes de diciembre de cada año, con sujeción a lo que disponga el Reglamento General; deberán tener dos (2) años de antigüedad en la colegiación, salvo lo que dispongan las leyes especiales.

Artículo 75.- Cada Colegio Departamental formará una única lista en acto público, durante el mes de febrero de cada año. La lista definitiva será dada a conocer en cada Cámara Departamental por los respectivos Colegios. La lista deberá estar impresa en papel membretado, con fecha y período de validez, debidamente rubricados por las autoridades del Colegio Departamental que corresponda a cada jurisdicción; la misma estará depurada antes de realizar cada sorteo o designación de oficio, de acuerdo a las comunicaciones del Colegio. Su inobservancia constituirá falta grave del funcionario interviniente.

Artículo 76.- Los nombramientos de oficio se harán por sorteo, en audiencia pública, en presencia de los representantes de los Colegios Profesionales mediante bolillero. Dichos representantes estarán facultados para hacer constar en el acto las observaciones que estimen pertinentes sobre el sorteo.

El profesional designado en el nombramiento deberá aceptar o excusarse del cargo dentro del tercer día de notificado.

Existiendo la excepción al profesional del listado en curso, sobre el que exista acuerdo de las partes litigantes para proponerlo de común acuerdo y el propuesto reúna los requisitos necesarios, en ese caso y habiendo aceptado el nombramiento, se baja de la lista y no podrá ser recusado, pero tendrá la facultad de excusarse sobre la base del Código de Ética Profesional y solicitar el correspondiente sorteo en la lista única; sin embargo, cuando medien o circunstancias graves lo aconsejen, el Juez, podrá dejar sin efecto los nombramientos.

Artículo 77.- Ningún Martillero, Tasador y/o Corredor podrá ser sorteado por segunda vez mientras la lista no haya sido agotada, independientemente del tiempo que lleve agotar la misma, ni siquiera habiendo acuerdo de partes. Si ocurriere el caso, subsistirá exclusivamente la primera designación, debiendo el funcionario interviniente dar las explicaciones del caso.

A medida que se vayan efectuando los sorteos se eliminará de la lista al profesional designado, hasta la terminación de aquélla, después de lo cual se considerará reproducida.

A tales efectos se elevará una lista única para cada Colegio Departamental.

Artículo 78.- Los nombramientos de oficio son irrenunciables, salvo causa justificada, caso contrario el profesional será excluido de la lista por dos (2) años contados desde la fecha de su designación, sin perjuicio de los daños o intereses a que está sujeto.

Se entenderá justificada la causa de excusación en los siguientes supuestos:

a) Enfermedad que impida el desempeño de las funciones;

b) encontrarse fuera del país;

c) no haberse depositado la suma de gastos fijada por el ente oficial o por el Juzgado, la que no podrá ser inferior al monto correspondiente a la publicación de edictos y gastos de traslado de los bienes, en su caso.

Artículo 79.- Cuando se deje sin efecto un nombramiento de oficio o el auto que ordena la subasta antes de ser aceptado el cargo por el Martillero, Tasador y/o Corredor, éste será reintegrado a la lista.

Si hubiera aceptado el cargo no será reintegrado, pero tendrá derecho a percibir honorarios de acuerdo con las normas establecidas en esta ley.

Artículo 80.- Las subastas podrán efectuarse cualquier día de la semana, con excepción de aquellos que sean declarados feriados nacionales, provinciales, municipales y el día 11 de octubre, Día Nacional del Martillero, Tasador y/o Corredor.

Artículo 81.- En el caso que la subasta fuera anulada por causa no imputable al Martillero, éste tendrá derecho al reembolso de sus gastos y al pago de los honorarios o aranceles que le correspondan de acuerdo a lo preceptuado por el párrafo 2º del artículo 72 de esta ley.

Artículo 82.- Los Martilleros, Tasadores y/o Corredores realizarán personalmente los actos que les encomienden.

Sólo será posible la delegación en otro Martillero, Tasador y/o Corredor colegiado, por causa justificada y previa autorización del Colegio Departamental y/o judicial que corresponda.

El acto igualmente, para este último supuesto se realizará bajo el nombre del delegante, siendo éste el único responsable de los actos que aquél realice.

Artículo 83.- Realizada la subasta, el Martillero deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil. Los Martilleros, Tasadores y/o Corredores deberán depositar detalladamente las sumas recibidas y rendir cuentas del remate al Juzgado, dentro de los tres (3) días de realizado. Si no lo hicieren oportunamente, sin justa causa, perderán el derecho a cobrar comisión.

Artículo 84.- La subasta deberá realizarse:

a) Preferentemente dentro del ámbito provincial y de ser posible en la misma localidad de la ubicación del bien a subastar;

b) en la localidad donde se tramita la causa judicial;

c) donde lo resuelva el Juez de acuerdo con las circunstancia del caso.

CAPÍTULO VII

SUBASTAS Y VENTAS JUDICIALES

Artículo 85.- Los sorteos de oficio se anunciarán en el tablero del Juzgado indicando día, hora y expediente, y se comunicará a los respectivos Colegios y partes intervinientes en la forma dispuesta en las Leyes de Procedimiento Administrativo y en los Códigos Procesales Penal, Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de esta Provincia, siendo obligación de los Secretarios de los Tribunales y Juzgados conservar siempre visibles en sus oficinas o despachos la nómina de los Martilleros, Tasadores y/o Corredores matriculados e inscriptos en el Departamento para los sorteos de oficio.

A tales efectos el Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la jurisdicción, elevará la lista única actualizada y depurada antes de realizar cada sorteo o designación de oficio, para cada Departamento Judicial y en un todo de acuerdo a los artículos 75, 76 y 77 de la presente ley. Esta lista deberá estar impresa en papel membretado, con fecha y período de validez, debidamente rubricados por las autoridades del Colegio Departamental que corresponda a cada jurisdicción. Su inobservancia constituirá falta grave del funcionario judicial interviniente.

Artículo 86.- Los Martilleros podrán, en los juicios en que hayan sido designados, solicitar de los Jueces todas las medidas conducentes para el mejor cumplimiento de su cometido, como así también recabar en su oportunidad la aprobación de sus actos.

Artículo 87.- Los Jueces no ordenarán el levantamiento del embargo u otras medidas cautelares ni el archivo de expedientes, mientras no hayan sido abonados los honorarios y gastos que correspondan a Martilleros, Tasadores y/o Corredores actuantes en cada juicio, dentro de los noventa (90) días de efectuada la subasta y/o desde la fecha que estaba prevista la misma.

Artículo 88.- Anunciada la subasta de varios inmuebles y suspendida por orden del Tribunal la venta de parte de ellos por haberse cubierto el importe reclamado, el Martillero cobrará el honorario o arancel sobre lo adjudicado con arreglo a lo preceptuado por el artículo 69, apartado I, inciso a) de esta ley, y tendrá derecho al honorario o arancel con arreglo a lo preceptuado en el artículo 72, párrafo 2º, y al reembolso de los gastos efectuados, sobre lo no subastado.

Artículo 89.- En el caso que la subasta no se efectúe por falta de postores el Martillero percibirá un honorario o arancel que será regulado por el Juez, arancel que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) sobre el monto mayor, sea esta la base de venta fijada o de la valuación fiscal actualizada conforme a la Ley Impositiva de la Provincia de Tierra del Fuego.

CAPÍTULO VIII

INTERVENCIÓN EN LOS COLEGIOS

Artículo 90.- Cuando las actividades de algún Colegio Departamental fuera notoriamente ajena a los fines de su creación, o la actuación de sus autoridades se apartara de las obligaciones a su cargo, el Consejo Superior de la Provincia por sí o a requerimiento de la Asamblea del Colegio Departamental afectado, en base a hechos concretos, plenamente comprobados, podrá decretar la intervención del mismo a los fines de su reorganización.

Artículo 91.- Las funciones del Interventor serán:

a) Las mismas que las del Presidente del Colegio Departamental;

b) las indispensables para reorganizar el Colegio intervenido de manera que responda a los fines de su creación;

c) designar sus colaboradores, los que no podrán ser matriculados del Colegio Departamental intervenido.

Artículo 92.- El Interventor durará tres (3) meses en sus funciones, como máximo, contados desde la fecha de toma de posesión del cargo, cesando automáticamente al vencimiento de este término.

Transcurrido el término citado sin que el Interventor haya cumplido su cometido, el Consejo Superior procederá a su inmediato reemplazo, fijando a quien lo sustituya un plazo de tres (3) meses desde su asunción para convocar a elecciones de autoridades del Colegio intervenido.

Artículo 93.- El Consejo Superior del Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra el Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur designará Interventor de entre sus miembros.

Artículo 94.- La decisión del Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia disponiendo la intervención será apelable ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial que corresponda, en turno al momento de producirse la misma, en el término de diez (10) días.

CAPÍTULO IX

INFRACCIONES

Artículo 95.- Será reprimido con multa de cinco (5) a treinta (30) sueldos mínimos del Escalafón Técnico de la Administración Pública Provincial o hasta el duplo de la comisión percibida o a percibir por la operación efectuada en la primera infracción y en caso de reincidencia, hasta el doscientos por ciento (200%) de la sanción anterior:

a) El Martillero, Tasador y/o Corredor que, sin estar colegiado o estando suspendido, inhabilitado o excluido del ejercicio profesional por resolución firme de los órganos colegiados, intervenga o partícipe directa o indirectamente en las actividades específicas reservadas a Martilleros, Tasadores y/o Corredores habilitados;

b) la persona que facilite, o de cualquier modo favorezca, la realización de las actividades reprimidas en el inciso anterior;

c) la persona que maliciosamente obstruya, impida o perturbe la realización de un remate o las operaciones autorizadas por esta ley u obstaculice sus actos preparatorios o sus resultados normales.

Artículo 96.- El conocimiento de las causas que se promovieran respecto de las infracciones comprendidas en este Capítulo, corresponderá al Juez Penal de turno al momento de la comisión del hecho. Las causas se iniciarán de oficio, por denuncia de terceros o a requerimiento de los representantes de los Colegios de Profesionales creados por esta ley.

Artículo 97.- Los representantes legales de las entidades profesionales podrán tomar intervención coadyuvante en el curso del respectivo proceso, con las siguientes facultades:

a) Solicitar las diligencias útiles para comprobar la infracción y descubrir a los responsables;

b) asistir a la declaración del inculpado y a las audiencias de testigos, con facultades para tachar y repreguntar a éstos;

c) activar el procedimiento y pedir pronto despacho de la causa;

d) denunciar bienes a embargo para asegurar el pago de las indemnizaciones que correspondan, el importe de las multas y las costas del proceso;

e) solicitar la intervención y clausura de las oficinas de Martilleros, Tasadores y/o Corredores instaladas en violación de esta ley;

f) requerir el auxilio de la fuerza pública para suspender o impedir remates públicos que se efectúen o se intenten efectuar por personas a quienes les está prohibido realizarlos.

Artículo 98.- El juicio se sustanciará por el procedimiento fijado para las causas correccionales, en cuanto no resulten modificadas en la presente ley.

Las denuncias deberán contener la mención de las pruebas del hecho constitutivo de la infracción.

El Juez del proceso tendrá amplias facultades para ordenar las comprobaciones que estime necesarias.

Artículo 99.- Las multas deberán oblarse dentro de los diez (10) días posteriores a la intimación depositándose su importe en el Banco de la Provincia y a la orden del Juzgado.

En defecto de pago, el infractor sufrirá arresto a razón de un (1) día por cada sueldo que se le haya impuesto en concepto de multa.

El producido de estas multas se destinará al Colegio Departamental donde se haya producido la infracción.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 100.- Los actuales Martilleros, Tasadores y/o Corredores colegiados con Certificado de Idoneidad expedido oportunamente por la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial de Tierra del Fuego mantendrán su condición de tales ejerciendo su actividad profesional conforme lo normado por la presente ley, reconociéndoles el carácter de idóneos, manteniendo su fecha de inscripción y número de matrícula otorgada por la Inspección General de Justicia, a cuyos efectos la Inspección General de Justicia habrá de traspasar los legajos de todos los matriculados remitiéndolos a este Consejo; asimismo también habrá de entregar tres (3) juegos de copia foliada y autenticada por la Inspección General de Justicia y por el Escribano General de Gobierno, de los libros matriz donde están inscriptas las matrículas hasta la fecha de la sanción de la presente ley. En iguales condiciones estarán quienes hayan solicitado su inscripción con anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley. Cada matriculado deberá manifestar su voluntad de integrarse al Colegio Profesional presentando nota simple. Será potestad y responsabilidad de este Consejo provisorio la revisión completa de toda la documentación, conforme a la presente ley.

Todas estas matrículas tendrán carácter provisorio hasta su inscripción definitiva por parte del Consejo Superior.

Artículo 101.- A los efectos del cómputo de antigüedades para conformar los órganos creados por esta ley, se tendrán en cuenta los años de matriculación en la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Solamente a los efectos de constituir estos primeros órganos que formarán el Colegio Profesional se flexibilizarán las edades y las antigüedades por única vez.

Artículo 102.- Estarán exceptuados por única vez, los profesionales que posean y acrediten, a la sanción de la presente ley, oficina abierta al público con nombre de fantasía, quienes tendrán la obligatoriedad de exhibir mediante placa identificatoria o en el cartel identificatorio de la oficina, el nombre del profesional, matrícula, tomo y folio. Asimismo las inmobiliarias o agencias de bienes raíces que se encuentren debidamente habilitadas conforme a las disposiciones municipales vigentes, y que posean profesional matriculado en relación de dependencia, contratados o adscriptos y en calidad de “Representante Técnico” de la misma, deberán cumplir tal obligatoriedad, disponiendo de un plazo único de seis (6) meses para adecuar su oficina a lo normado por el artículo 13 de esta ley.

Artículo 103.- Autorízase al Consejo Superior del Colegio Profesional a promover a la creación de la Caja Mutual y de Previsión Social para Martilleros, Tasadores y/o Corredores, o adherirse para ello a sistemas de instituciones existentes o a crearse con el mismo objetivo.

Artículo 104.- Por imperio de la Ley nacional 25.028 se establece el día de aprobación de la misma, el 1º de diciembre de 1999 como fecha límite para rendir los exámenes de idoneidad ante la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial de Tierra del Fuego y se establece como fecha límite el día 28 de febrero de 2000 para las acordadas de aprobación de los mismos, todo examen y/o toda acordada posterior será nula y sin derecho de ninguna naturaleza. También se establece como fecha límite el día de aprobación de la presente ley para todo expediente en curso de aprobación ante Inspección General de Justicia para la matriculación de alguna profesión reglada por la presente. En esta misma fecha habrán de caducar todos los Certificados de Idoneidad expedidos oportunamente por la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial de Tierra del Fuego que no se hayan matriculado ante Inspección General de Justicia en el tiempo correspondiente.

Artículo 105.- Las disposiciones de la presente ley no podrán ser modificadas o dejadas sin efecto, ni excusarse de los deberes u obligaciones profesionales allí contenidas por acuerdo de partes, por lo que son nulos los convenios de acuerdos que al respecto y en tal sentido se suscriban.

Artículo 106.- La presente ley será reglamentada dentro del plazo de sesenta (60) días corridos desde su promulgación, quedando automáticamente prohibido en todo el territorio de la Provincia el ejercicio de la profesión a toda persona que no se encuentre matriculada de acuerdo a las disposiciones de la presente.

Artículo 107.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

ESTUDIO INMOBILIARIO - GESTORÍA JUDICIAL - CASA DE REMATES

Daniel Julián Aguirre

Martillero Público y Judicial

 Mat. nº 047 L1 F16

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